Colosio propone obligar a proveedores extranjeros a tener domicilio en México para atender reclamaciones

El crecimiento de las compras por Internet en México también ha abierto nuevos retos para la protección de los consumidores. Ante las dificultades para reclamar cuando una empresa extranjera vende productos en el país sin contar con un domicilio físico localizable, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas propuso establecer nuevas obligaciones para los proveedores que realizan operaciones comerciales por medios electrónicos.

La iniciativa plantea reformar diversas disposiciones de las leyes Federal de Protección al Consumidor, Federal de Procedimiento Administrativo y Federal de Competencia Económica, con el objetivo de que los proveedores extranjeros que venden a consumidores mexicanos a través de plataformas digitales cuenten con un domicilio físico en territorio nacional para efectos de notificación dentro de los procedimientos conciliatorios ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El senador de Movimiento Ciudadano señaló que las reglas actuales fueron construidas principalmente para relaciones comerciales presenciales y que el crecimiento del comercio electrónico ha generado situaciones en las que un consumidor puede tener dificultades para hacer valer sus derechos frente a una empresa que no tiene una dirección física en México.

La propuesta contempla que el proveedor informe al consumidor, antes de concretar una compra, su domicilio físico en territorio nacional, números telefónicos y otros medios de contacto para presentar quejas, reclamaciones o solicitar aclaraciones.

El problema: comprar sí, reclamar no siempre

La propia Profeco establece entre los requisitos para presentar una queja los datos que permitan localizar al proveedor en territorio nacional y advierte expresamente que no puede iniciar un procedimiento de queja contra proveedores con domicilio fuera de México.

La dependencia también recomienda a quienes realizan compras en plataformas extranjeras verificar que el proveedor proporcione un domicilio físico, teléfono y otros medios de contacto para presentar reclamaciones.

En este contexto, Colosio Riojas busca que los consumidores tengan una vía efectiva para hacer valer sus derechos cuando una operación realizada por Internet resulte en incumplimiento, problemas con el producto, devolución o cualquier otra controversia.

La iniciativa propone que, si el proveedor no proporciona un domicilio para estos efectos, pueda utilizarse de manera supletoria el registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o algún otro medio que permita acreditar que la empresa fue notificada sobre la existencia del procedimiento.

El planteamiento también busca aprovechar una infraestructura que ya existe en materia fiscal.

De acuerdo con las disposiciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), los residentes en el extranjero que proporcionan determinados servicios digitales en México deben designar un representante legal y proporcionar un domicilio en territorio nacional para efectos de notificación y vigilancia del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Para el legislador, ese domicilio podría constituir también un punto de referencia para que los consumidores puedan ejercer sus derechos ante las autoridades mexicanas.

El comercio electrónico ya mueve 941 mil millones de pesos

La propuesta ocurre en un momento de fuerte expansión del comercio electrónico en México.

De acuerdo con el Estudio de Venta Online 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), las ventas del comercio electrónico minorista alcanzaron 941 mil millones de pesos durante 2025, con un crecimiento anual de 19.2 por ciento. El número de compradores digitales llegó a 77.2 millones de personas.

La AMVO también reporta que el comercio electrónico representa ya 17.7 por ciento de las ventas minoristas del país.

El crecimiento significa que cada vez más consumidores realizan compras a través de tiendas virtuales, marketplaces y plataformas internacionales, aumentando también la necesidad de contar con mecanismos eficaces para resolver controversias.

Profeco cuenta actualmente con herramientas específicas para supervisar el comercio electrónico. Entre ellas se encuentra el Monitoreo de Tiendas Virtuales, mediante el cual los consumidores pueden consultar si determinados sitios cumplen con disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La Procuraduría también establece, dentro de su esquema de Distintivo Digital, requisitos como domicilio físico en territorio nacional, RFC, teléfono y otros medios de contacto para proveedores que realizan transacciones digitales.

Una obligación antes de dar clic en «comprar»

El senador sostuvo que la protección al consumidor debe acompañar la evolución del comercio digital y que las empresas que ofrecen productos y servicios a consumidores mexicanos deben contar con mecanismos que permitan responder ante una reclamación.

La propuesta busca que la información sobre domicilio, teléfono y medios de contacto esté disponible antes de que el consumidor concrete la transacción, de manera que pueda conocer quién es el responsable de la venta y dónde puede acudir en caso de incumplimiento.

Colosio Riojas planteó que no basta con que las empresas puedan vender en México; también deben existir mecanismos para que respondan ante los consumidores cuando una operación no se desarrolla conforme a lo ofrecido.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Economía, de Defensa de los Consumidores y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y eventual dictaminación.