La senadora del PRI presentó un exhorto a las fiscalías para fortalecer las investigaciones; advirtió sobre la participación de servidores públicos, abogados y notarios en este delito.

El despojo de viviendas requiere una respuesta coordinada de las autoridades ante prácticas como la falsificación de documentos, la suplantación de identidad y la presunta complicidad de servidores públicos, despachos de abogados y notarios, advirtió la senadora Karla Guadalupe Toledo Zamora.

La legisladora del PRI presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales a fortalecer las acciones de investigación, atención y sanción de este delito, que puede privar a las personas de su patrimonio mediante violencia, fraude u ocupación ilegal.

La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia del Senado, también plantea capacitar y dotar de recursos al personal encargado de atender estos casos, con el propósito de garantizar procesos ágiles, transparentes y apegados a derecho.

Toledo Zamora pidió prestar especial atención a los despojos cometidos por personas que simulan ejercer un cargo público o suplantan la identidad del propietario, del poseedor del inmueble o de su representante legal.

Asimismo, señaló la necesidad de investigar los casos en los que intervengan titulares de notarías públicas como participantes o cómplices, así como aquellos en los que personas sin carácter de notario accedan a documentos o datos reservados para facilitar el delito.

La senadora sostuvo que no existe una cifra exacta de viviendas en ocupación irregular y explicó que hay inmuebles sujetos a sucesiones, juicios, embargos o en posesión de familiares sin acuerdos formalizados que otorguen certeza jurídica.

Advirtió que la falta de escrituras públicas, registros actualizados y documentación en orden puede aumentar la vulnerabilidad de las personas propietarias frente a estas prácticas.

En su planteamiento, Toledo Zamora afirmó que el despojo se ha vuelto más sofisticado y que los procesos judiciales lentos, junto con la presunta complicidad entre grupos delictivos y servidores públicos, dificultan la defensa del patrimonio.

Por ello, llamó a fortalecer la coordinación entre las autoridades para investigar estas conductas, sancionar a los responsables y garantizar el derecho a la propiedad.