La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, con la que busca homologar los criterios de investigación en las 32 entidades federativas y fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia extrema contra las mujeres.
La propuesta plantea un cambio de fondo en el sistema de procuración de justicia al establecer un marco jurídico único para la investigación del feminicidio, con el objetivo de evitar diferencias entre las legislaciones estatales que, de acuerdo con el Ejecutivo federal, han propiciado subregistros, criterios dispares e impunidad.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa consiste en que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio como posible feminicidio y con perspectiva de género, hasta que las autoridades descarten esa hipótesis mediante las diligencias correspondientes.
El proyecto crea un tipo penal único de feminicidio para todo el país y define diez razones de género que permitirán acreditar este delito, entre ellas antecedentes de violencia familiar, agresiones sexuales, amenazas, relaciones de poder, discriminación y conductas sustentadas en estereotipos de género.
La iniciativa parte del diagnóstico de que una proporción importante de los casos continúa siendo clasificada inicialmente como homicidio o suicidio, pese a la existencia de antecedentes de violencia por parte de parejas, exparejas o familiares cercanos.
De acuerdo con la exposición de motivos, alrededor del 90 por ciento de los feminicidios son cometidos por personas del entorno cercano de la víctima, por lo que se propone otorgar mayor peso a los testimonios de familiares y a los antecedentes de violencia durante las investigaciones.
La nueva legislación contempla una pena uniforme de 50 a 70 años de prisión para quienes cometan feminicidio y establece 19 agravantes que permitirán incrementar las sanciones cuando las víctimas sean niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, con discapacidad, periodistas, defensoras de derechos humanos o migrantes.
Asimismo, incorpora circunstancias específicas como ataques con ácido u otras sustancias corrosivas, así como la participación de servidores públicos o situaciones que incrementen la vulnerabilidad de la víctima.
Otro de los cambios relevantes es que el feminicidio sería considerado imprescriptible, además de impedir la aplicación de amnistías, criterios de oportunidad o beneficios que reduzcan las penas. La propuesta también sanciona la tentativa del delito y contempla consecuencias adicionales para los responsables, como la pérdida de la patria potestad, derechos sucesorios, tutela y custodia de menores.
En el ámbito institucional, la iniciativa obliga a las fiscalías de todo el país a contar con unidades especializadas, ministerios públicos, policías de investigación y peritos capacitados en perspectiva de género y derechos humanos, además de garantizar la continuidad de los equipos encargados de cada expediente para evitar que los cambios administrativos retrasen las investigaciones.
La propuesta también fortalece la atención integral a las víctimas indirectas mediante apoyo psicológico, asesoría jurídica gratuita, reparación del daño y programas específicos para niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad como consecuencia de un feminicidio.
Entre las medidas previstas destaca la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, así como campañas permanentes de prevención y mecanismos para actualizar de manera continua las estadísticas oficiales sobre este delito.
Con esta iniciativa, el gobierno federal busca establecer un modelo nacional de actuación que garantice investigaciones homogéneas, fortalezca la coordinación entre autoridades y coloque a las víctimas y sus familias en el centro de la política pública contra el feminicidio.
La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género del Senado de la República, donde iniciará su proceso de análisis y dictaminación