El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, sostuvo que la investigación contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, debe analizarse desde una perspectiva estrictamente jurídica y no política, al advertir que el expediente abierto por la Fiscalía General de la República (FGR) apunta a una presunta red de contrabando de combustibles, fraude fiscal y falsificación de documentos que incluso podría configurar el delito de delincuencia organizada.

El senador de Morena afirmó que el caso rebasa el llamado «huachicol fiscal», pues, dijo, las investigaciones públicas describen una estructura de importación irregular de combustibles con una operación logística de gran escala que habría ocasionado pérdidas millonarias al Estado mexicano.

«Es un tema que no es sencillo. Naturalmente se le quiere dar una arista política, pero debemos ser cautelosos. Nos estamos enfrentando a una maquinaria logística y fiscal de contrabando grave para el país», declaró al ser cuestionado sobre el proceso que involucra al exmandatario bajacaliforniano.

Mier consideró que las indagatorias deben llegar hasta el fondo de la cadena de responsabilidades, tanto en el ámbito gubernamental como en el sector privado, y subrayó que corresponderá exclusivamente a la FGR y, en su momento, a un juez determinar si existen elementos suficientes para acreditar la participación de los involucrados en una organización delictiva.

El legislador reconoció que, por tratarse de un personaje emblemático de la alternancia política en México, el caso inevitablemente tendrá repercusiones en el debate público; sin embargo, insistió en que las conclusiones deben sustentarse en pruebas y no en posicionamientos partidistas.

En ese contexto, recordó que anteriormente planteó la conveniencia de revisar el origen del financiamiento de la organización política Somos México, así como analizar el proceso que dio paso a la alternancia política iniciada en Baja California en 1989, encabezada por Ruffo Appel.

Como muestra de la magnitud del presunto esquema de contrabando, Mier señaló que la investigación refiere el movimiento de más de 144 millones de litros de combustible, volumen que, ejemplificó, alcanzaría para abastecer durante una semana la totalidad del parque vehicular del estado de Puebla.

«Es una cantidad impresionante que se convierte en fraude y afecta a los consumidores, al mercado y a la economía nacional», afirmó.

Respecto a las críticas del PAN, cuyos dirigentes han denunciado una supuesta persecución política y han cuestionado la actuación del Poder Judicial, el presidente de la Jucopo rechazó las descalificaciones anticipadas contra los jueces y recordó que el nuevo sistema judicial contempla mecanismos institucionales, como el Tribunal de Disciplina Judicial, para investigar cualquier posible irregularidad.

Asimismo, evitó emitir una postura sobre los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos contra otros funcionarios mexicanos, al considerar que antes deben presentarse pruebas y agotarse las investigaciones correspondientes.

«La realidad es la que nos alcanza; hay que esperar los hechos y actuar con prudencia», expresó.

En otro tema, Ignacio Mier informó que la iniciativa enviada por la presidenta de la República para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio ya fue turnada a las comisiones de Igualdad y de Justicia del Senado. Confió en que el dictamen pueda quedar aprobado durante la primera semana del próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre.