La investigación contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, escaló al terreno político en el Congreso de la Unión, donde PAN y Morena protagonizaron un nuevo enfrentamiento por el proceso que enfrenta el primer gobernador de oposición en la historia reciente del país.

Mientras legisladores panistas calificaron a Ruffo como un «preso político» y acusaron al gobierno federal de utilizar el caso como una cortina de humo para desviar la atención de otros asuntos nacionales, Morena respondió que la indagatoria no obedece a motivaciones políticas, sino a una investigación iniciada hace más de un año por un presunto esquema de huachicol fiscal que habría ocasionado un daño al erario estimado en 4 mil 600 millones de pesos.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que resulta inverosímil atribuir a una sola persona una operación de contrabando de combustibles que, afirmó, requiere la participación de diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno.

«Es un preso político para intentar ocultar la realidad del país. Una operación de huachicol fiscal no puede realizarse sin la intervención de múltiples autoridades», declaró la legisladora, quien acusó que el proceso busca distraer la atención pública y exigió que la justicia se aplique con el mismo rigor a todos los funcionarios investigados.

En el mismo sentido, el senador panista por Baja California, José Máximo García López, calificó como desproporcionado el trato que ha recibido Ruffo Appel y pidió que el proceso se conduzca con estricto apego a derecho.

Recordó que el exmandatario marcó un momento histórico al convertirse, en 1989, en el primer gobernador emanado de un partido distinto al PRI, por lo que consideró que el caso no debe resolverse bajo presiones políticas ni mediáticas.

El legislador sostuvo que, si existen pruebas en su contra, deberán presentarse ante los tribunales, pero insistió en que también deben investigarse todos los niveles de responsabilidad dentro de las redes de contrabando de combustibles.

Desde Morena, la respuesta fue inmediata.

El vocero del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, rechazó que exista persecución política y afirmó que el expediente fue integrado con la participación de la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) e incluso con información de autoridades estadounidenses.

El diputado señaló que la investigación no puede calificarse como una «cortina de humo» cuando deriva de un trabajo institucional desarrollado durante más de un año.

Asimismo, sostuvo que el presunto esquema de evasión fiscal por contrabando de combustibles habría provocado pérdidas cercanas a 4 mil 600 millones de pesos, recursos que, dijo, pudieron destinarse a programas sociales y obras públicas.

Ávila también criticó la postura del PAN al considerar que el partido intenta desacreditar una investigación judicial para proteger a uno de sus cuadros históricos.

Por su parte, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Mayuli Latifa Martínez Simón, insistió en que el caso tiene un trasfondo político y acusó al gobierno federal de utilizar la detención para desviar la atención de otros temas que involucran a gobiernos emanados de Morena.

La senadora cuestionó que las investigaciones avancen con rapidez cuando se trata de figuras de oposición, mientras otros expedientes relacionados con funcionarios del oficialismo permanecen sin resultados públicos.

El intercambio de acusaciones refleja la creciente confrontación entre oficialismo y oposición en torno al combate al huachicol fiscal y anticipa que el proceso judicial contra Ernesto Ruffo continuará desarrollándose en paralelo a una intensa disputa política dentro del Congreso, donde ambos bloques buscan imponer su narrativa sobre uno de los casos de mayor impacto en el inicio del nuevo periodo legislativo.