El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar propuso convocar a un periodo extraordinario de sesiones para discutir y resolver un paquete de reformas legales y constitucionales que plantea construir un nuevo sistema anticorrupción, fortalecer la fiscalización y revisar la inmunidad procesal de legisladores y funcionarios.

Durante la entrega del Paquete de Iniciativas en Materia de Combate a la Corrupción y la Impunidad, en el Senado, el legislador llamó a abrir una “gran conversación nacional” que permita definir cambios de fondo en las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar estas prácticas.

La propuesta incluye revisar las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación y de las auditorías estatales, rediseñar las fiscalías anticorrupción y modificar los delitos relacionados con la corrupción en el Código Penal.

“Quizás la más importante es la creación de un nuevo sistema anticorrupción; lo que teníamos contaba con muchas limitaciones, hay que construir uno nuevo”, sostuvo.

Ramírez Cuéllar explicó que uno de los objetivos es reconstruir el sistema de fiscalización y auditorías mediante reformas legales y constitucionales que permitan establecer un diseño común y articular las facultades de las instancias federales y estatales.

También planteó revisar el funcionamiento de las fiscalías especializadas en combate a la corrupción, tanto en la Fiscalía General de la República como en las entidades federativas.

Otro de los ejes consiste en poner a debate la inmunidad procesal de legisladores y funcionarios, así como revisar el juicio político, ante las dificultades para hacer efectivas las responsabilidades y sanciones previstas en este mecanismo.

El diputado señaló que el paquete contempla, además, una revisión de la extinción de dominio frente al crecimiento del llamado huachicol fiscal, particularmente por su relación con el suministro de combustible y la operación de personas morales.

A estas propuestas se suman cambios al funcionamiento de las dos cámaras del Congreso y una nueva legislación en materia de administración pública.

Para precisar el contenido y los alcances de las iniciativas, propuso integrar grupos de trabajo con legisladores, especialistas, instituciones académicas, organizaciones civiles y representantes empresariales.

Detalló que en las reuniones han participado instituciones como la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y el CIDE, además de organismos del sector privado y especialistas en justicia administrativa y competencia económica.

El propósito, explicó, es avanzar en la redacción de las propuestas después del debate del Presupuesto de Egresos de la Federación o antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.

Ante el presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, Ramírez Cuéllar pidió impulsar una reunión entre ambas cámaras y los especialistas para organizar la revisión del paquete.

“Ojalá y podamos convocar un periodo especial para discutir y analizar y resolver este paquete de reformas”, expresó.

El legislador sostuvo que este proceso debe abrir una nueva etapa en el combate a la corrupción y la impunidad, con la participación de distintos sectores en la definición de los cambios legales y constitucionales.