La corrupción sigue pendiente en el proyecto de transformación iniciado en 2018, reconoció el presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, quien planteó crear un tribunal de cuentas independiente del Gobierno federal, con facultades para vigilar el uso de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno.

Durante la entrega de un paquete de iniciativas en materia de combate a la corrupción y la impunidad, el legislador sostuvo que las instituciones responsables de fiscalizar y sancionar irregularidades requieren cambios de fondo, así como una revisión de los mecanismos de designación que, advirtió, responden a cuotas políticas.

“No hemos podido cumplir eso, terminar con el principal problema del país, que es la corrupción de sus gobernantes”, expresó, al precisar que se trataba de una valoración personal.

El senador de Morena defendió la necesidad de señalar las deficiencias del servicio público, incluso cuando sus declaraciones incomoden a sectores de su propio partido o del Gobierno.

“Lo peor que podemos hacer es callar, no solo en el Senado, sino en México”, afirmó.

Martínez Miranda sostuvo que el combate a la corrupción debe comenzar por quienes encabezan las instituciones y que ninguna estrategia puede prosperar si sus responsables se benefician de las prácticas que deberían erradicar.

En ese contexto, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien consideró con autoridad para impulsar una ofensiva de fondo contra la corrupción y la impunidad.

Cuestionó, en cambio, el desempeño del Sistema Nacional Anticorrupción y de las instancias de control. Al referirse al Estado de México, sostuvo que los mecanismos existentes no ofrecen resultados suficientes y criticó que las contralorías dependan de las mismas autoridades a las que deben vigilar.

También señaló que el tránsito de los expedientes entre órganos de fiscalización, tribunales administrativos y fiscalías dificulta que las irregularidades deriven en responsabilidades y sanciones.

Frente a ese escenario, propuso discutir un tribunal de cuentas con independencia efectiva del poder público, que articule la supervisión federal, estatal y municipal y obligue a los funcionarios a responder por el manejo de los recursos.

“Un tribunal de cuentas que no dependa del gobierno federal”, planteó, y convocó a especialistas y representantes de la sociedad civil a contribuir en el diseño de su estructura y atribuciones.

El legislador extendió sus cuestionamientos a las instituciones electorales. Consideró que las cuotas partidistas en la designación de consejeros, magistrados y responsables de control han contribuido al deterioro institucional, por lo que pidió una reforma profunda.

Como propuesta personal, sugirió que universidades, centros de investigación y organismos empresariales presenten perfiles para encabezar el Instituto Nacional Electoral, mientras la Cámara de Diputados conserva la responsabilidad de realizar la designación.

Mencionó a la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana y el CIDE entre las instituciones que podrían formular recomendaciones públicas de personas con honestidad y capacidad acreditadas, para evitar que los nombramientos respondan al reacomodo de grupos políticos.

Al concluir, llamó a integrar las propuestas del Ejecutivo federal, el Congreso y la ciudadanía en una revisión profunda de los instrumentos anticorrupción. Advirtió que una nueva reforma será insuficiente si no modifica las condiciones que permiten los abusos y protegen a sus responsables.

“No podemos hacer una reforma más”, sostuvo. El objetivo, agregó, debe ser acabar con la corrupción y la impunidad, que identificó como un obstáculo persistente para la transformación del país.