El PT pide reforzar aduanas, vigilancia sanitaria e investigaciones; un estudio del INSP estimó que 18.2% de los cigarros consumidos en México en 2023 eran ilícitos.

Ciudad de México.— La venta de cigarros ilegales abre varios frentes para México: facilita el acceso a productos sin control sanitario, evade impuestos y sostiene redes de distribución que, de acuerdo con una denuncia de senadores del Partido del Trabajo, también recurren a amenazas contra pequeños comercios para imponer sus marcas.

Ante este panorama, la bancada presentó un punto de acuerdo para solicitar una intervención coordinada de las autoridades sanitarias, fiscales y de procuración de justicia, con vigilancia en establecimientos, mercados, comercio informal y plataformas digitales.

La dimensión del problema tiene respaldo en investigaciones independientes. El estudio de seguimiento del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) estimó que el comercio ilícito representó 18.2% del consumo de cigarros en México en 2023: aproximadamente 18 de cada 100. La medición de 2017 había reportado 8.8%, aunque el seguimiento amplió la cobertura geográfica e incorporó criterios adicionales para identificar irregularidades.

El fenómeno presenta diferencias importantes entre ciudades. En la investigación de 2023, la proporción de cigarros ilícitos alcanzó 43.4% en Durango y 32.4% en La Paz, mientras que en la Ciudad de México fue de 10.6%. Estas diferencias apuntan a la necesidad de atender las condiciones locales de distribución y vigilancia.

El avance de este mercado ocurre en un país donde el tabaquismo mantiene una carga considerable para la salud pública. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, citada por el IMSS, 13.9 millones de personas de entre 12 y 65 años consumían tabaco fumado, equivalentes a 15.1% de esa población. Por separado, el Instituto ha señalado que el tabaquismo se relaciona con cerca de 63 mil fallecimientos anuales en México. Estas cifras corresponden al consumo de tabaco en general, no exclusivamente a los cigarros ilegales.

La exposición de adolescentes y jóvenes es uno de los puntos centrales. El INSP advierte que la disponibilidad de cigarros ilícitos facilita el acceso y la compra entre jóvenes que todavía no fuman, además de contribuir a mantener la dependencia entre quienes ya consumen tabaco.

A ello se suma la incertidumbre sobre la composición de los productos. En mayo de 2026, la Cofepris alertó sobre cigarros importados sin permiso sanitario que podrían estar falsificados, alterados o adulterados. La advertencia, difundida también por la autoridad sanitaria de Sinaloa, señala que se desconocen la procedencia y composición de sus ingredientes, así como la concentración de sustancias potencialmente tóxicas que podrían liberar durante su combustión.

Frente a estos riesgos, los legisladores petistas solicitaron que la Secretaría de Salud, mediante la Cofepris y en coordinación con las autoridades estatales, refuerce los operativos y las acciones de prevención dirigidas a adolescentes y jóvenes.

En materia aduanera, pidieron a la Secretaría de Hacienda fortalecer, por conducto de la Agencia Nacional de Aduanas de México y del Servicio de Administración Tributaria, las inspecciones para impedir el ingreso de estos productos, verificar los códigos de seguridad de las cajetillas y publicar estadísticas consolidadas de los aseguramientos.

Como parte de su argumentación, los senadores señalaron que, en lo que va de 2026, la Marina y la autoridad aduanera han asegurado más de 130 millones de cigarros ilegales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El problema también alcanza a la fabricación clandestina dentro del país. El 4 de octubre, la Fiscalía General de la República informó de un cateo en Huixquilucan, Estado de México, en un inmueble donde presuntamente se producían cigarros apócrifos. La dependencia estimó una afectación de entre 225 y 330 millones de pesos al mercado ilícito por los bienes asegurados.

La propuesta del PT plantea que la FGR fortalezca las investigaciones contra las redes dedicadas a fabricar, falsificar, introducir y distribuir ilegalmente productos del tabaco. Los promoventes sostuvieron, con referencia a investigaciones de El Colegio de México, que grupos delictivos participan en esta cadena y presionan a tiendas de barrio para colocar determinadas marcas.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Salud para su análisis. Lo suscribieron Alberto Anaya Gutiérrez, Geovanna Bañuelos de la Torre, Lizeth Sánchez García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves.