Las comisiones unidas de Economía, Justicia y Estudios Legislativos, Primera, del Senado aprobaron con modificaciones la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para combatir la piratería y el uso ilegal, a escala comercial, de símbolos e identidad gráfica de instituciones públicas.

El dictamen llegó a las comisiones en medio de la polémica por una de sus disposiciones, a la que legisladores de oposición llamaron “Ley Antimemes”, al advertir que la redacción original podía abrir margen para sancionar contenidos de parodia, sátira o crítica difundidos en redes sociales.

Para acotar el alcance de la disposición, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, presentó una reserva al artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

La propuesta original contemplaba penas de tres a siete años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien utilizara, reprodujera, imitara o incorporara a escala comercial la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos, signos o documentos oficiales, cuando la conducta tuviera como propósito inducir al error o engaño.

Con la modificación aprobada, la pena se reduce a uno a cinco años de prisión, además de una multa de mil a 10 mil UMA.

El nuevo texto concentra la conducta sancionable en quien utilice, reproduzca, imite o incorpore a escala comercial la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de una institución pública de los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de inducir al error o engaño sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública.

La modificación también elimina referencias más amplias a “dependencias y entidades de la administración pública” y centra el supuesto en instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno.

El debate por los memes

Durante la discusión, legisladores de oposición mantuvieron sus reservas sobre los posibles alcances de la reforma.

La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, señaló que su bancada coincide en la necesidad de combatir la piratería, pero cuestionó que la redacción pudiera dejar margen de interpretación al juzgador y tener efectos sobre contenidos que circulan cotidianamente en redes sociales.

“La piratería es un daño real a la economía del país, en eso estamos absolutamente de acuerdo, pero no es a partir de la censura a medios de comunicación, a libertad de expresión, como se va a lograr combatir la piratería”, planteó.

El senador priista Pablo Ángulo también expresó su desacuerdo con la reforma y advirtió sobre sus posibles implicaciones para la libertad de expresión.

Del lado de Morena, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Manuel Ladrón de Guevara, rechazó que el objetivo sea censurar la parodia o la crítica en internet.

“¡Dios nos libre!”, respondió al ser cuestionado sobre esa posibilidad, y sostuvo que la reforma está relacionada con conductas realizadas a escala comercial.

Con las modificaciones aprobadas, el elemento central de la disposición queda vinculado no sólo al uso comercial de elementos institucionales, sino a la finalidad de inducir al error o engaño sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma o servicio.

La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo federal al Senado a finales de mayo de 2026 y turnada a las comisiones de Justicia, Economía y Estudios Legislativos, Primera.

El dictamen aprobado fue turnado a la Mesa Directiva del Senado para continuar con su proceso legislativo.

Por ahora, el debate queda acotado a una pregunta que acompañó toda la discusión: hasta dónde puede llegar la protección de la identidad institucional sin afectar expresiones de crítica, sátira o parodia.