La Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Senado de la República emitieron un pronunciamiento conjunto en el que condenaron la muerte de 17 ciudadanos mexicanos en territorio de Estados Unidos, presuntamente relacionada con la actuación de autoridades migratorias de ese país, y expresaron su respaldo a las acciones jurídicas y diplomáticas emprendidas por el Gobierno de México para exigir el esclarecimiento de los hechos.

El posicionamiento, aprobado de manera institucional por los órganos de gobierno de la Cámara Alta, manifiesta el respaldo del Senado a la estrategia legal impulsada por el Estado mexicano y solicita a las autoridades estadounidenses realizar investigaciones exhaustivas sobre los fallecimientos, entre ellos el del mexicano Lorenzo Salgado.

Las y los senadores expresaron su preocupación por los hechos y sostuvieron que ningún connacional debe quedar desprotegido frente a posibles abusos de autoridad, uso desproporcionado de la fuerza o violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, manifestaron su solidaridad con las familias de las víctimas y reiteraron el compromiso del Estado mexicano con la protección de la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de las personas migrantes.

En el pronunciamiento, el Senado respaldó las acciones legales y diplomáticas iniciadas por el Gobierno de México ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Los legisladores demandaron investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes que permitan establecer la verdad de lo ocurrido, sancionar a los responsables y garantizar el acceso a la justicia, así como la reparación integral del daño para las víctimas y sus familiares.

Si bien reconocieron el derecho soberano de cada nación para definir y aplicar su política migratoria, advirtieron que ninguna medida de control fronterizo puede justificar violaciones al derecho a la vida, al debido proceso o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por ambos países.

El Senado subrayó que el respeto a los derechos humanos constituye una obligación jurídica que debe prevalecer en cualquier política migratoria y anunció que dará seguimiento permanente al caso mediante el ejercicio de sus facultades constitucionales en materia de política exterior.

Como parte de estas acciones, solicitará informes periódicos a las autoridades competentes sobre el avance de las investigaciones y la atención consular brindada a las familias de las víctimas, con el propósito de verificar el desarrollo de las indagatorias y evitar que los hechos queden impunes.

En su posicionamiento, los órganos de gobierno de la Cámara Alta afirmaron que México y Estados Unidos mantienen una relación estratégica sustentada, además de los vínculos económicos y políticos, en la contribución de millones de mexicanas y mexicanos que viven y trabajan en territorio estadounidense.

Finalmente, el Senado reiteró que continuará utilizando los mecanismos institucionales y del derecho internacional para exigir justicia, proteger los derechos de los connacionales y mantener la defensa de las personas mexicanas en el exterior como una prioridad permanente del Estado mexicano.