El director del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana A.C., Mtro. Eduardo Manuel Ruiz Orozco Pérez, aseguró que la correduría pública ha evolucionado durante 500 años hasta convertirse en una profesión multidisciplinaria que va más allá de la simple certificación de actos jurídicos.

“Sí tenemos similitud con los notarios en razón de la fe pública, ambos ejercemos la fe pública, pero nosotros somos abogados multidisciplinarios”, explicó.

Detalló que los corredores públicos no sólo son licenciados en Derecho, sino que además cuentan con formación en finanzas, economía, contabilidad y valuación, lo que les permite brindar asesoría integral a comerciantes, inversionistas y pequeñas empresas.

“No somos simples formalizadores de hechos o actos, sino verdaderamente lo que hacemos es dar una asesoría integral al comerciante”, subrayó.

Uno de los principales ángulos que impulsa actualmente el gremio es su participación en la modernización del campo mexicano.

Ruiz Orozco reconoció que existen interpretaciones administrativas que limitan la participación de los corredores públicos en asuntos relacionados con ejidatarios y núcleos agrarios.

Ante ello, explicó que legisladores federales ya presentaron iniciativas para modificar la Ley Agraria y reconocer expresamente las facultades de los corredores públicos dentro del sector rural.

Precisó que una de las iniciativas ya fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, mientras otra continúa su proceso legislativo en el Senado.

“Permitirá que nosotros como corredores públicos podamos asesorar de manera integral precisamente a la gente del campo”, sostuvo.

El dirigente explicó que la intención es que los corredores públicos puedan auxiliar en proyectos de inversión e infraestructura vinculados con tierras ejidales y comunales, brindando certeza jurídica a productores y comunidades agrarias.

“Podemos ayudar a que esas inversiones aterricen correctamente, asesorándolos para que puedan llegar a buenos términos con estos proyectos de infraestructura”, indicó.

Otro de los temas que el gremio considera prioritarios es el fortalecimiento de la certeza jurídica para inversiones nacionales y extranjeras, particularmente en el contexto del T-MEC.

Aunque reconoció que la correduría pública no tiene una participación directa dentro del tratado comercial, señaló que sí pueden convertirse en un apoyo técnico y jurídico para empresas y pymes que participen en cadenas de inversión derivadas del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Lo que buscamos nosotros al momento de asesorar es brindar certeza jurídica y seguridad jurídica, principalmente al inversionista extranjero”, afirmó.

Explicó que los corredores públicos pueden intervenir en revisión de contratos, análisis de proyectos de inversión, valuación de empresas e intangibles, así como en la elaboración de dictámenes valuatorios.

En relación con las llamadas empresas factureras, Ruiz Orozco rechazó que los corredores públicos tengan responsabilidad directa en la creación de esquemas ilegales.

Argumentó que al momento de constituirse una empresa no existe manera de anticipar si posteriormente será utilizada para operaciones ilícitas, aunque aseguró que el gremio cumple con las disposiciones antilavado y mecanismos de compliance establecidos por la ley.

“Nosotros le damos nacimiento, cumplimos con las reglas del lavado de dinero y hacemos un verdadero compliance”, sostuvo.

Actualmente existen aproximadamente 420 corredores y corredoras públicas en todo el país, una cifra reducida que, según explicó, obedece en parte a restricciones e interpretaciones sobre el alcance de sus facultades.

La habilitación para ejercer como corredor público es otorgada por la Secretaría de Economía, mediante un examen de aspirante y posteriormente un examen definitivo.

En el marco de la conmemoración de los 500 años de la correduría pública en México, el gremio también impulsa la declaratoria oficial del Día Nacional de la Correduría Pública Mexicana, iniciativa promovida en el Senado por el legislador de Morena, Emanuel Reyes Carmona.

Ruiz Orozco explicó que el origen histórico de la correduría pública en México se remonta al 11 de mayo de 1526, cuando fue nombrado el primer corredor en la entonces Ciudad de Temextitán, hoy Ciudad de México.

El primer corredor público registrado fue Diego de Villar, cuyo nombramiento quedó asentado en el Libro Primero de Actas de Cabildo, resguardado actualmente en el Archivo Histórico de la Ciudad de México.

“Es importante que el país reconozca una profesión que se ha mantenido durante 500 años”, concluyó.