PAN, PRI y Movimiento Ciudadano pidieron esclarecer el contenido de las grabaciones atribuidas a la mandataria de Baja California, mientras Morena sostuvo que no existe evidencia de la comisión de algún delito.
La difusión de audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, generó un nuevo enfrentamiento entre oficialismo y oposición en el Congreso de la Unión, donde legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano exigieron una investigación para esclarecer el contenido de las grabaciones, mientras Morena defendió a la mandataria al asegurar que no existe evidencia de la comisión de algún delito.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, sostuvo que el caso reviste especial gravedad debido a que la propia gobernadora reconoció la autenticidad de los audios difundidos.
El legislador afirmó que en las grabaciones Marina del Pilar presuntamente ofrece compartir información obtenida en las mesas de seguridad a cambio de obtener beneficios personales, por lo que solicitó la apertura de una carpeta de investigación por posibles delitos relacionados con la seguridad nacional y planteó que la mandataria solicite licencia al cargo mientras se realizan las indagatorias.
Asimismo, acusó al Gobierno Federal de aplicar un «doble rasero» al comparar este caso con el de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al señalar que cuando se trata de una mandataria de oposición se habla de posibles actos de traición a la patria, mientras que en el caso de una gobernadora de Morena, dijo, se descartan responsabilidades sin una investigación previa.
Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, centró sus cuestionamientos en un posible incumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional.
La legisladora recordó que el artículo 70 de dicha legislación establece obligaciones específicas para los servidores públicos que sostengan reuniones con agentes extranjeros, entre ellas informar previamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, permitir la presencia de un representante de esa dependencia y rendir un informe al Consejo Nacional de Seguridad Pública.
En ese sentido, pidió verificar si la gobernadora cumplió con esos requisitos legales en caso de haberse reunido con autoridades extranjeras, y consideró indispensable abrir una investigación formal antes de descartar cualquier irregularidad.
Movimiento Ciudadano también se sumó a las exigencias de esclarecimiento. El coordinador de la bancada en el Senado, Clemente Castañeda, calificó como «gravísimo» el contenido de los audios y sostuvo que Marina del Pilar debe explicar tanto la conversación difundida como cualquier contacto o entendimiento que haya sostenido con autoridades estadounidenses.
Además, acusó al oficialismo de aplicar criterios distintos cuando las acusaciones involucran a gobiernos emanados de Morena.
En contraste, el vocero del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, rechazó las acusaciones formuladas por la oposición y aseguró que, hasta el momento, no existe una sola prueba que acredite la comisión de un delito por parte de la gobernadora de Baja California.
El legislador descartó que Marina del Pilar deba solicitar licencia al cargo y sostuvo que, antes de emitir juicios, es necesario esclarecer el origen de la difusión de los audios y las motivaciones detrás de las acusaciones en su contra.
El caso mantiene abierto un nuevo frente de confrontación política entre las fuerzas representadas en el Congreso, donde la oposición demanda una investigación para determinar si existieron violaciones a la legislación vigente, mientras Morena insiste en que no hay elementos que justifiquen responsabilizar a la mandataria estatal.