Un tribunal federal estadounidense ha invalidado la suspensión de visados de migrante para 75 países impuesta a principios de año por el gobierno del presidente Donald Trump, al determinar que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus competencias legales al aplicar la medida.

La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jeannette Vargas, dictaminó la víspera en una sentencia de 61 páginas que la prohibición es «manifiestamente ilegal» y cuestionó la justificación de la administración de que los solicitantes de las naciones señaladas presentaban un alto riesgo de convertirse en una «carga económica» para Estados Unidos.

La magistrada señaló que se había ordenado a funcionarios estadounidenses denegar visados incluso a migrantes que cumplían los requisitos y que probablemente serían autosuficientes, en contravención de una norma que exige evaluaciones individualizadas de cada caso.

Los países afectados por esta directiva incluían varias naciones de América Latina y el Caribe como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.

La pausa en la emisión de visados, aplicada desde enero pasado, también abarcaba a Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.

Entre los demandantes del caso se incluyen cinco profesionales de Colombia que recibieron negativas a sus solicitudes de visado en las que se citaba la nueva política, además de seis estadounidenses que afirman que esta prohibición perjudicó a sus familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, según el diario The New York Times.

El fallo de la jueza revoca también las denegaciones de visado basadas exclusivamente en la medida, lo que podría resultar en la revisión de miles de solicitudes ya procesadas.

«Esta decisión representa una victoria significativa para los cientos de miles de familias en todo el país y el mundo cuyas vidas se vieron sumidas en el caos debido a la prohibición de visas, ilegal y discriminatoria, impuesta por esta administración», afirmó en un comunicado Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center.

Según Cuevas Ingram, el tribunal «dejó claro que las leyes de migración no pueden utilizarse para justificar la discriminación».

La presidenta y directora ejecutiva de la ONG Democracy Forward, Skye Perryman, insistió en que el fallo representa un «contundente rechazo a una política ilegal y discriminatoria que causó un daño enorme a familias y comunidades de todo el país».

«La administración Trump-Vance no puede instrumentalizar la ley de inmigración para vetar a países enteros, separar familias y negar derechos garantizados por la Constitución sin rendir cuentas por ello», insistió.

De momento, ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca se han pronunciado sobre la decisión.