Durante la Conferencia del Pueblo de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre los avances de investigaciones que mantienen abiertas autoridades mexicanas y estadounidenses contra exfuncionarios y empresarios señalados por presuntas operaciones financieras ilícitas.

Entre los casos abordados se encuentra el relacionado con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, respecto del cual autoridades federales investigan presuntas operaciones de lavado de dinero, contrabando y el llamado huachicol fiscal.

Sheinbaum señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene cuentas bajo restricción como parte de las investigaciones relacionadas con operaciones financieras que las autoridades consideran inusuales y que estarían vinculadas con la empresa Ingemar y otras personas investigadas.

De acuerdo con la información expuesta durante la conferencia, las indagatorias apuntan a un presunto esquema que habría generado un daño patrimonial superior a 4 mil millones de pesos y que involucraría movimientos financieros entre México y Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República sostiene que las investigaciones se sustentan en elementos de prueba y que no obedecen a una persecución política. El proceso ya derivó en la vinculación a proceso de algunos de los involucrados.

Defensa cuestiona actuaciones judiciales

En contraste, la defensa de Ruffo Appel, encabezada por el exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, ha cuestionado los elementos presentados por el Ministerio Público y señalado presuntas irregularidades procesales en las audiencias realizadas por videoconferencia desde el penal del Altiplano.

Durante la conferencia también se destacó la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses para el intercambio de información financiera y judicial, particularmente con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El Gobierno federal señaló que esta colaboración busca avanzar en procedimientos relacionados con personas investigadas que se encuentran fuera del país, incluidas solicitudes de extradición pendientes.

Sheinbaum sostuvo que los procesos deberán desarrollarse bajo el marco legal mexicano y con sustento probatorio, al tiempo que reiteró que la cooperación internacional en materia de justicia debe realizarse respetando la soberanía nacional.