Especialistas, legisladoras, fiscalías y organismos internacionales coinciden: el reto no es sólo aumentar penas, sino prevenir, investigar con perspectiva de género y garantizar justicia en todo el país.

El Senado de la República abrió la discusión de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, con una premisa que atraviesa todo el debate: combatir la violencia feminicida no puede reducirse a endurecer castigos; requiere prevenir, investigar con eficacia y garantizar que el Estado responda de la misma manera en cualquier rincón del país.

Durante la Mesa de Diálogo para el Análisis y Formulación de Propuestas sobre la iniciativa, especialistas, legisladoras, fiscalías, organizaciones civiles y organismos internacionales coincidieron en la necesidad de construir reglas comunes, fortalecer las instituciones y cerrar las brechas que han permitido que la impunidad siga siendo uno de los principales obstáculos para acceder a la justicia.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, puso dimensión a la problemática al señalar que entre enero de 2015 y julio de 2026 se han registrado más de 37 mil mujeres víctimas de muerte violenta, entre feminicidios y homicidios dolosos.

La cifra equivale, en promedio, a nueve mujeres que han perdido la vida violentamente cada día durante ese periodo.

Pero detrás de cada número, advirtió, hay familias afectadas y niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad. Por ello, llamó a construir una legislación capaz de enfrentar una impunidad que, afirmó, supera el 90 por ciento en los casos de feminicidio.

“La muerte violenta de una mujer no es un homicidio”, sostuvo la ministra, al insistir en que estos hechos deben investigarse desde el primer momento bajo una perspectiva de género.

Una sola definición para todo el país

Uno de los principales cambios planteados consiste en homologar el delito de feminicidio en las 32 entidades federativas, debido a las diferencias que actualmente existen en la definición del tipo penal, las razones de género, las agravantes y las sanciones.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, explicó que la iniciativa pretende establecer un tipo penal sólido y criterios comunes para las fiscalías, además de protocolos nacionales homologados y capacitación especializada para ministerios públicos, policías y personal pericial.

Entre los puntos centrales destaca que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, hasta que las pruebas permitan confirmar o descartar jurídicamente esa clasificación.

La propuesta retoma así criterios establecidos por la Suprema Corte a partir de casos como el de Mariana Lima Buendía, en los que se ha señalado la obligación de investigar las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género.

La iniciativa contempla también la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio, con el propósito de garantizar atención integral y acceso prioritario a servicios de salud, educación y programas sociales.

Gómez Saracíbar añadió que el proyecto reconoce a la familia social y plantea responsabilidades para personas morales cuando faciliten o incluso promuevan condiciones que contribuyan a la comisión de feminicidios.

El desafío: que la ley no se quede en el papel

La representante de ONU Mujeres en México, Eleonora Betancur González, respaldó la construcción de un estándar nacional y señaló que durante 2025 fueron víctimas de feminicidio 721 mujeres, mientras que otras 2 mil 74 fueron víctimas de homicidio doloso, para un total de 2 mil 795 mujeres privadas de la vida.

El reto, señaló, consiste en garantizar que cada muerte violenta sea investigada con perspectiva de género y que la nueva legislación se traduzca en una protección efectiva, no solamente en nuevas disposiciones jurídicas.

Desde la Fiscalía General de la República, Maribel Borjorges Beltrán sostuvo que el feminicidio representa la expresión extrema de una violencia estructural que, en muchos casos, está precedida por amenazas, agresiones, discriminación, relaciones de poder y omisiones institucionales.

Por ello, planteó que la responsabilidad del Estado debe comenzar mucho antes del asesinato, mediante prevención, detección de riesgos y protección oportuna de las víctimas.

Más penas no necesariamente significan más justicia

Uno de los matices más relevantes de la discusión surgió desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se pidió revisar con cuidado el énfasis en el incremento de penas.

Gema Chávez Durán, coordinadora general de Investigación de Delitos de Feminicidio de la institución, informó que durante 2025 y lo que va de 2026 la Fiscalía capitalina alcanzó una tasa acumulada de judicialización de 95.6 por ciento en casos de feminicidio: 95 por ciento durante 2025 y 96 por ciento en lo que va de este año.

A partir de esa experiencia, sostuvo que la solidez de las investigaciones y la posibilidad real de llevar los casos ante los tribunales pueden resultar más determinantes que aumentar las penas.

También advirtió que una nueva ley deberá estar acompañada de recursos suficientes, pues su aplicación implicaría crear fiscalías especializadas, registros, protocolos, capacitación y nuevas obligaciones para las instituciones.

Senado busca una ley construida con propuestas

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Malú Micher, informó que el proceso de consulta recibió 796 propuestas legislativas relacionadas con los 62 artículos y 12 transitorios de la iniciativa.

En total, 174 personas se registraron para presentar modificaciones, adiciones o revisiones, además de más de 90 asistentes que acompañaron los trabajos.

Micher aseguró que todas las aportaciones serán sistematizadas y analizadas, y subrayó que el objetivo no es cumplir con una consulta de trámite, sino incorporar los planteamientos que permitan construir una legislación aplicable y eficaz.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, coincidió en que uno de los principales retos será superar la fragmentación normativa y garantizar que prevención, investigación y sanción funcionen como parte de una misma estrategia.

En la misma línea, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, advirtió que homologar el delito no será suficiente si no se homologan también las capacidades del Estado para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia feminicida.

Planteó que Federación, estados y municipios deberán asumir responsabilidades claras y trabajar de manera coordinada, de modo que una mujer tenga acceso al mismo estándar de protección sin importar la entidad, municipio o comunidad donde viva.

“La meta debe ser una ley que permita actuar antes, proteger a tiempo, investigar con rigor, sancionar con justicia y avanzar hacia la erradicación de la violencia feminicida”, afirmó.

El debate que apenas comienza plantea, así, un desafío mayor que modificar artículos o elevar sanciones: convertir la ley en una capacidad real del Estado para anticiparse a la violencia, proteger a las mujeres y garantizar justicia cuando ésta ya ocurrió.

Porque la verdadera prueba de la nueva legislación no estará únicamente en cómo defina el feminicidio o cuánto castigue a quien lo cometa, sino en si logra evitar que una mujer llegue a convertirse en una cifra más y si, cuando una muerte violenta ocurra, ninguna familia tenga que emprender una segunda batalla —esta vez contra la impunidad— para obtener justicia.