Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de octubre de 2026.— El diputado federal Rubén Moreira Valdez advirtió que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 plantea menores recursos para instituciones vinculadas con la seguridad y la impartición de justicia, como policías, fiscalías, ministerios públicos y juzgados.

Durante el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, el coordinador parlamentario del PRI analizó la propuesta presupuestal junto con los especialistas en finanzas públicas Paco Lezama y Mario Di Costanzo.

Moreira Valdez señaló que la falta de inversión en las instituciones responsables de investigar delitos, proteger a la población y administrar justicia puede traducirse, de acuerdo con su planteamiento, en rezagos, investigaciones más lentas y menor capacidad para combatir al crimen.

Uno de los puntos abordados fue la situación de los policías municipales. El legislador afirmó que perciben en promedio alrededor de 8 mil 500 pesos mensuales y que muchos no cuentan con seguridad social ni con un sistema pensionario que garantice protección para sus familias.

“Son trabajadores profesionales que requieren condiciones laborales dignas para desempeñar una de las tareas más riesgosas del servicio público. No son apostolados”, sostuvo.

El diputado también señaló insuficiencias en el número de jueces, infraestructura judicial y ministerios públicos, además de referirse a los ingresos y condiciones laborales de quienes participan en la investigación de delitos.

De acuerdo con Moreira Valdez, mientras se mantienen alrededor de 152 mil millones de pesos para proyectos como el Tren Maya, el AIFA, Dos Bocas, el Tren Interoceánico y Mexicana de Aviación, se plantean reducciones para instituciones relacionadas con la seguridad y la justicia.

Paco Lezama expuso que, al comparar los recursos destinados al Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de la República correspondientes a los Ramos 3, 17 y 49, se pasa de 132 mil 800 millones de pesos en 2018 a 93 mil 158 millones en la propuesta para 2027.

Según su análisis, esto representa una reducción cercana al 30 por ciento en términos reales, calculada en pesos de 2027 y utilizando el mismo deflactor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lezama agregó que, al acumular las diferencias presupuestales registradas desde 2018, la brecha alcanza aproximadamente 220 mil millones de pesos. A su consideración, esta situación contribuye a explicar parte de los rezagos en la impartición de justicia y la investigación de delitos.

En el caso de la Fiscalía General de la República, señaló que el presupuesto pasaría de alrededor de 24 mil millones de pesos en 2018 a 20 mil millones en 2027, lo que representa una reducción aproximada de 15 por ciento y una pérdida acumulada de 22 mil millones de pesos.

También se refirió a los recursos destinados a las corporaciones estatales y municipales. De acuerdo