
La Cámara de Diputados iniciará el proceso para renovar la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) una vez que concluya formalmente el trámite de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, informó Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
El coordinador parlamentario de Morena aseguró que la designación se realizará con imparcialidad y en apego a la ley y la Constitución. También expresó su disposición para buscar un acuerdo entre las fuerzas políticas que permita seleccionar a un perfil con capacidad y profesionalismo.
“Yo le garantizo a la población que mi actuación será profesional y de manera personal estoy comprometido con la imparcialidad, la objetividad, la certeza jurídica y la capacidad profesional de la propuesta”, afirmó.
En entrevista, al término de una reunión de la Jucopo, el legislador explicó que la Cámara de Diputados espera que el INE comunique formalmente la renuncia de Taddei y el nombramiento de una presidencia provisional.
Una vez cumplido ese paso, dijo, se circulará un proyecto de convocatoria entre las coordinaciones parlamentarias para su revisión. La intención es discutirlo la próxima semana y comenzar el análisis de los perfiles de las tres personas que corresponderá nombrar a la Jucopo para integrar el Comité de Evaluación.
Monreal rechazó que se pretenda mantener a la persona designada de manera provisional sin realizar el procedimiento de selección. “Tienen mi palabra de que sí habrá convocatoria”, sostuvo.
El diputado también señaló que la renuncia de Guadalupe Taddei no la exime de las responsabilidades que pudieran determinarse por presuntas irregularidades, por lo que pidió que las investigaciones se conduzcan con imparcialidad y permitan esclarecer los hechos.
Además, informó que la mayoría parlamentaria aceptó la comparecencia de la persona titular del Órgano Interno de Control del INE ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y ante la Jucopo.
Consideró que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Interno de Control y la Fiscalía General de la República deben actuar conforme a sus atribuciones para investigar los posibles manejos irregulares.
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