La inseguridad alimentaria moderada o grave en México disminuyó de 24.9% a 16.5% en una década, lo que significa que 8.6 millones de personas dejaron esa condición, de acuerdo con datos de la FAO. Este avance abre una nueva conversación sobre la participación de empresas, productores y operadores que hacen posible el abasto de alimentos en el país.

En este contexto, la Comercializadora Family Duck destacó que los resultados permiten reconocer la importancia de contar con cadenas de suministro eficientes, transparentes y sujetas a mecanismos de fiscalización. “Los avances en seguridad alimentaria son resultado de una política pública encabezada por el Estado y de una cadena en la que participan productores, instituciones, trabajadores, transportistas y empresas proveedoras. Nuestra responsabilidad es contribuir desde el cumplimiento, la capacidad logística y la transparencia”, señaló la compañía.

La fiscalización, agregó, es parte esencial de la seguridad alimentaria. A un año de diversos cuestionamientos sobre proveedores, las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no derivaron sanciones contra Family Duck, lo que la empresa considera un elemento relevante para distinguir entre señalamientos públicos y responsabilidades determinadas formalmente.

“Cuando existen recursos públicos debe existir fiscalización. Las auditorías permiten comprobar operaciones y establecer responsabilidades; cuando una empresa no es sancionada, ese resultado también debe formar parte de la conversación pública”, subrayó la Comercializadora.

Los avances reportados por la FAO reflejan la dimensión de una cadena que requiere procesos de adquisición, almacenamiento, transporte y distribución, así como coordinación entre instituciones y empresas. Family Duck reconoció que el reto permanece: millones de mexicanos aún enfrentan dificultades para acceder a una alimentación suficiente y nutritiva. Por ello, llamó a fortalecer la transparencia y profesionalización de las cadenas de suministro, consolidando un modelo donde política social, capacidad empresarial y vigilancia institucional coincidan bajo una misma premisa: cumplimiento y confianza verificable.