El senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, retomó este jueves su participación en los trabajos legislativos del Senado de la República al intervenir de manera virtual en la reunión de la Comisión de Justicia, luego de 57 días sin actividad pública en comisiones o sesiones de la Cámara Alta.

Durante el encuentro, presidido por el senador Javier Corral Jurado, Inzunza participó en el análisis de las iniciativas para expedir la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante y reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde expuso diversas observaciones relacionadas con aspectos constitucionales, procesales y de protección a los derechos humanos.

El legislador sostuvo que uno de los puntos que requieren mayor precisión es la delimitación de facultades de las autoridades administrativas encargadas de aplicar sanciones por infracciones a reglamentos gubernativos y de policía, una atribución que, recordó, corresponde constitucionalmente a los municipios.

Asimismo, manifestó preocupación por el uso de conceptos como “detención” y “flagrancia” dentro del ámbito de la justicia cívica, al considerar que dichas figuras están reservadas para conductas tipificadas como delitos tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales de derechos humanos.

Si bien recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó en 2007 determinadas modalidades de detención momentánea vinculadas a faltas administrativas, estimó necesario fortalecer la regulación para evitar interpretaciones ambiguas que puedan propiciar abusos o actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades.

Advirtió que la ausencia de controles claros podría impactar principalmente a sectores en condición de vulnerabilidad, como mujeres, comerciantes informales y personas con una interacción más frecuente con cuerpos policiales. En ese sentido, respaldó la incorporación de una perspectiva de género más robusta dentro del proyecto legislativo.

También se pronunció a favor de fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias y los procedimientos de conciliación, aunque señaló que el dictamen aún presenta áreas de oportunidad en la regulación de las audiencias para la resolución de conflictos.

Durante la discusión, cuestionó además algunas medidas de apremio previstas en la propuesta al considerar que, en ciertos casos, podrían resultar más severas que las propias sanciones contempladas para las infracciones.

Inzunza expresó igualmente reservas respecto a una propuesta impulsada por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas para canalizar determinados asuntos penales hacia órganos de justicia cívica mediante mecanismos conciliatorios. A su juicio, dicha propuesta mezcla competencias propias del sistema penal con las del régimen administrativo sancionador.

No obstante, abrió la posibilidad de analizar en el futuro la despenalización de algunas conductas de menor gravedad para que puedan atenderse por la vía administrativa en lugar de la penal.

Al cierre de su participación, reconoció los avances alcanzados en la elaboración del dictamen, aunque insistió en la necesidad de profundizar el análisis técnico antes de su aprobación definitiva. Adelantó que hará llegar observaciones por escrito a las comisiones dictaminadoras para enriquecer la discusión.

La intervención marcó la reaparición pública del senador sinaloense en actividades legislativas. Su última participación registrada había ocurrido el 29 de abril. Desde entonces, su ausencia fue motivo de cuestionamientos por parte de legisladores de oposición, particularmente después de que autoridades estadounidenses difundieran señalamientos contra diversos funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico y el tráfico de armas.

Aunque el senador notificó formalmente su reincorporación a las actividades legislativas desde finales de mayo, no se le había observado participando activamente en reuniones de comisión hasta este jueves.