Ciudadanos y abogados llevaron este martes al ámbito legislativo la exigencia de que el senador Enrique Inzunza Cázarez enfrente sin fuero los señalamientos formulados en su contra en Estados Unidos, al presentar ante la Cámara de Diputados una solicitud formal de declaración de procedencia para retirar su inmunidad procesal.

La petición fue presentada por el presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, luego de que una iniciativa ciudadana reunió, de acuerdo con sus organizadores, más de 23 mil firmas para solicitar que el legislador deje el Senado y responda ante las autoridades por las acusaciones que enfrenta.

Las firmas también fueron llevadas al Senado de la República. Los promoventes señalaron que no fueron recibidos por la Mesa Directiva ni por los coordinadores parlamentarios, salvo por representantes de algunos grupos de oposición.

La senadora del PRI, Paloma Sánchez, respaldó la petición y sostuvo que, desde su perspectiva, la permanencia de Inzunza en el Senado plantea un problema de impunidad. También cuestionó que, a cinco meses de la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, no se hayan conocido avances públicos de investigaciones en México.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el 29 de abril de 2026 fue presentada una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

En el caso de Inzunza, la acusación estadounidense lo identifica como senador mexicano y le atribuye cargos relacionados con una presunta conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, así como delitos vinculados con armas de fuego. El propio Departamento de Justicia precisa que los cargos son únicamente acusaciones y que los señalados se presumen inocentes hasta que se determine su responsabilidad conforme al proceso judicial.

En este contexto, Vania Pérez Morales, ex presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción y una de las promotoras de la petición ciudadana, subrayó que la iniciativa no busca sustituir a las autoridades judiciales ni determinar la culpabilidad del senador.

“Nosotros no somos autoridad”, sostuvo, al señalar que corresponde a la Fiscalía General de la República y a las instituciones competentes determinar si existen elementos para proceder contra los funcionarios señalados.

Pérez Morales explicó que la demanda ciudadana busca que las investigaciones puedan desarrollarse sin que el fuero constituya un obstáculo y colocar en el debate público los estándares de integridad que deben observar quienes ocupan cargos de representación popular.

La solicitud presentada en San Lázaro busca ahora que la Cámara de Diputados determine, conforme al procedimiento establecido, si existen elementos para iniciar un juicio de procedencia que permita retirar la inmunidad procesal del senador.

Beltrán Verduzco sostuvo que existen además investigaciones y denuncias en México relacionadas con el caso, aunque precisó que corresponde a las autoridades competentes determinar su alcance y acreditar, en su caso, cualquier responsabilidad.

El abogado pidió a los grupos parlamentarios atender la solicitud y dar cauce institucional al procedimiento.

“Hace falta voluntad política”, afirmó, al considerar que el caso no debe permanecer únicamente en el terreno de las declaraciones públicas.

La solicitud coloca ahora el caso de Inzunza ante una instancia distinta al Senado y abre la ruta para que la Cámara de Diputados determine si existen elementos jurídicos para proceder respecto de su inmunidad procesal.