
La Asociación de los Parlamentos de las Amércias (Parlamericas) fue fundada en 2001 con el objetivo de fortalecer la democracia, promover la participación ciudadana y facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas legislativas en la región; de igual forma, fomenta el intercambio de experiencias legislativas positivas e impulsa la colaboración política constructiva para avanzar hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.
Su sede se encuentra en Ottawa, Canadá y los idiomas oficiales son el español, francés, inglés y el portugués. La lengua de trabajo es el español.
Parlamericas está conformada por las cámaras legislativas de los 35 países independientes de las Américas; con el propósito de asegurar una distribución equitativa en la representación geográfica, se ha dividido el hemisferio en cuatro subregiones: Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe.
En Norteamérica se encuentran: Canadá, Estados Unidos, México; en Centroamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; en el Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago; y finalmente en Sudamérica están: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Asimismo, Parlamericas está integrada por cuatro grupos de trabajo llamados “Redes”, enfocados en igualdad de género, parlamento abierto y cambio climático. Estas Redes son dirigidas por un Comité Ejecutivo, cuyos presidentes también ocupan el cargo de vicepresidentes segundos en el Consejo de Parlamericas. Las cuales son: Red Parlamentaria para la Igualdad de Género (RPIG); Red de Parlamento Abierto de Parlamericas (RPA); la Red Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC): y la Red Parlamentaria de Seguridad (RPS).
México forma parte desde su fundación en 2001 y ha tenido un papel activo en las asambleas promoviendo iniciativas regionales que buscan fortalecer la democracia, la gobernanza y la colaboración parlamentaria en las Américas.
Durante los dos días de trabajo que se llevaron a cabo en Panamá, los parlamentarios y parlamentarias llegaron a los siguientes conclusiones:
2.- Promover estrategias integrales de prevención de la violencia que sean multisectoriales, basadas en evidencias y fundamentadas en un enfoque de derechos humanos, con especial atención a la eliminación de la violencia contra las mujeres, las niñas, los niños, y las juventudes en toda su diversidad y que aborden las vulnerabilidades relacionadas, como la trata de personas, y el reclutamiento de las y los niños, y jóvenes por parte de organizaciones criminales.
3.- Identificar oportunidades para desarrollar estrategias regionales coordinadas, que permitan enfrentar y erradicar la dinámica cambiante de la delincuencia, las economías ilícitas y las amenazas emergentes que plantea la delincuencia organizada trasnacional mediante la implementación de instrumentos interamericanos y mundiales relevantes, y la armonización de los marcos jurídicos entre jurisdicciones.
4.- Facilitar un diálogo político más efectivo sobre el problema mundial de las drogas, para fortalecer la cooperación y el intercambio de buenas prácticas orientadas a soluciones de política pública integrales y basadas en evidencia, que prioricen la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, y la integración social , dentro de un marco de responsabilidad común y compartida y pleno respeto de los derechos humanos.
5.- Promover marcos normativos orientados a la protección de personas defensoras de los derechos humanos, del medio ambiente y periodistas, que enfrentan niveles alarmantes de amenazas, hostigamiento y violencia directamente vinculados al papel que desempeñan en la denuncia de actividades ilícitas, la defensa de territorios y recursos naturales y la fiscalización del poder.
6.- Abordar los acelerados cambios tecnológicos digitales respecto de sus manifestaciones de riesgo e inseguridad mediante la modernización de los marcos normativos e institucionales para salvaguardar los derechos en los entornos digitales y contrarrestar las amenazas emergentes como la ciberdelincuencia, el uso indebido de las tecnologías, digitales y los riesgos para las infraestructuras críticas.
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