
El PAN colocó nuevamente la libertad de expresión en el centro de la discusión política y legislativa, al plantear una reforma para ampliar el derecho de réplica frente a autoridades gubernamentales y advertir sobre el riesgo de que las nuevas reglas para radio y televisión generen autocensura entre periodistas y medios de comunicación.
El coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado, Mauricio Romero, sostuvo que el derecho de réplica debe funcionar como un mecanismo efectivo de equilibrio frente al poder público, particularmente ante espacios de comunicación institucional como las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El legislador cuestionó los nuevos lineamientos en materia de radio y televisión y expresó preocupación por las facultades que, desde su perspectiva, podrían permitir a las autoridades determinar qué contenidos constituyen información, opinión o datos falsos.
Advirtió que el principal riesgo no necesariamente estaría en el cierre de medios, sino en que periodistas, comunicadores y empresas comiencen a modificar sus contenidos por temor a sanciones económicas o a perder sus concesiones.
“Esto genera la autocensura”, sostuvo el panista, al señalar que un comunicador podría dejar de invitar a determinados personajes o evitar abordar ciertos temas ante la posibilidad de enfrentar consecuencias administrativas.
Romero afirmó que la libertad de expresión debe garantizar la presencia de todas las voces, incluidas aquellas críticas o incómodas para el gobierno, y cuestionó que mientras se pretende establecer mayores controles sobre los medios de comunicación, la conferencia presidencial cuenta con cobertura nacional y recursos públicos.
En ese contexto, lanzó una pregunta a la presidenta Sheinbaum sobre la diferencia entre información y opinión, al cuestionar si afirmaciones políticas como considerar a Andrés Manuel López Obrador “el mejor presidente de México” deben entenderse como un dato o como una valoración.
Como parte de su planteamiento, Acción Nacional anunció una iniciativa para modificar el artículo 6º constitucional, con el objetivo de ampliar y precisar el catálogo de sujetos obligados a garantizar el derecho de réplica.
La propuesta busca que el gobierno federal también esté sujeto a este mecanismo cuando una persona sea señalada, cuestionada o aludida desde plataformas oficiales de comunicación.
El PAN plantea además modificar el artículo 38 constitucional para establecer sanciones contra servidores públicos que utilicen recursos del Estado para amedrentar, acosar, denostar o intentar silenciar a periodistas, organizaciones civiles o ciudadanos que cuestionen al poder.
A ello se suma una propuesta de reforma a la Ley de Derecho de Réplica, mediante la cual se establecerían plazos específicos para que las autoridades atiendan las solicitudes. De acuerdo con lo expuesto por el coordinador panista, el plazo máximo sería de tres días.
El partido también propone una nueva Ley de Comunicación Social que establezca restricciones al uso de conferencias y otros espacios gubernamentales durante los procesos electorales.
La intención, explicó Romero, sería limitar durante esos periodos la comunicación gubernamental a información indispensable en materias como protección civil, salud y educación.
El dirigente panista sostuvo que las propuestas de su partido no buscan proteger exclusivamente a la oposición, sino establecer reglas que garanticen el ejercicio de la libertad de expresión frente a cualquier gobierno.
Desde su perspectiva, el problema surge cuando el Estado adquiere facultades para determinar qué información puede difundirse y qué contenidos pueden ser sancionados, porque ello podría terminar afectando el pluralismo y la independencia de los medios.
Romero también acusó al gobierno federal de mantener un patrón de presión sobre sectores de la oposición y cuestionó el uso de instituciones públicas para ejercer presión política, señalamientos que forman parte de la confrontación entre Acción Nacional y Morena.
El debate abre así una nueva disputa legislativa en torno a los límites de la regulación de los medios, el derecho de réplica y la responsabilidad de las autoridades frente a la libertad de expresión.
Para el PAN, el objetivo es establecer mayores garantías para periodistas y ciudadanos frente al poder público; el punto de fondo será determinar hasta dónde puede llegar la regulación estatal sin convertirse, como advierte la oposición, en un mecanismo que termine inhibiendo la crítica y favoreciendo la autocensura.
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