La diputada federal del PAN, Noemí Berenice Luna Ayala, presentó ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para solicitar que la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Secretaría de Salud investiguen y determinen las responsabilidades derivadas de la acumulación de 18.4 millones de medicamentos e insumos médicos caducos en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” y en almacenes federales, situación que habría ocasionado un daño patrimonial superior a 121 millones de pesos.*

La legisladora sostuvo que el problema ha rebasado el ámbito del desabasto de medicamentos para convertirse en un presunto caso de negligencia administrativa, posibles actos de corrupción y eventuales responsabilidades penales, al señalar que tratamientos esenciales, incluidos medicamentos oncológicos pediátricos, caducaron mientras miles de pacientes enfrentaban la falta de insumos para su atención.

En la exposición de motivos, Luna Ayala atribuyó el origen de esta situación a la eliminación del esquema de compras consolidadas en 2019 y a la posterior centralización de las adquisiciones por parte del Gobierno Federal, primero mediante la Secretaría de Hacienda y el extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y posteriormente con la participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Afirmó que esos cambios generaron deficiencias logísticas, retrasos en la entrega de medicamentos y la acumulación de insumos sin una estrategia eficiente de distribución, lo que derivó en una crisis de abasto que afectó especialmente a pacientes pediátricos con cáncer y culminó con el hallazgo, a finales de junio de 2026, de millones de medicamentos caducos almacenados en el Hospital Infantil de México «Federico Gómez».

La diputada panista también solicitó que se esclarezca la actuación de la empresa Distribuidora Disur, encargada de servicios de administración y distribución de medicamentos para diversas instituciones públicas de salud, al considerar necesario determinar cómo fue posible que millones de insumos llegaran a su fecha de caducidad pese a los compromisos de garantizar niveles adecuados de abastecimiento.

Asimismo, recordó que dicha empresa ha sido señalada previamente por presuntas irregularidades en procesos de contratación pública.

En su argumentación jurídica, Luna Ayala señaló que la pérdida de medicamentos vulnera los derechos reconocidos en los artículos 1° y 4° de la Constitución, así como disposiciones de la Ley General de Salud y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al comprometer el acceso oportuno a tratamientos indispensables para proteger la vida y la salud de los pacientes.

El punto de acuerdo plantea cuatro acciones específicas: instruir a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para realizar una auditoría integral sobre la gestión de inventarios y distribución de medicamentos; solicitar a la FGR la apertura de una investigación para determinar la posible comisión de delitos; pedir a la ASF una revisión especial de los contratos relacionados con el abasto y distribución de medicamentos; y requerir a la Secretaría de Salud y a la dirección del Hospital Infantil de México que hagan pública la información relativa al manejo de inventarios y de los tratamientos oncológicos pediátricos.