La senadora del Partido Verde presentó cuatro iniciativas enfocadas en la protección de los ecosistemas marinos, la acuicultura sustentable, el desarrollo de la electromovilidad y la atención de quejas de consumidores.

La protección de los ecosistemas marinos, el impulso a la electromovilidad y el fortalecimiento de los derechos de las personas consumidoras forman parte de las propuestas legislativas que presentó la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde, quien planteó cuatro iniciativas para actualizar el marco jurídico en áreas que, consideró, requieren nuevas herramientas regulatorias.

La legisladora propuso, en primer término, reformar la Ley General de Vida Silvestre para elevar la protección de los pastos marinos y evitar que proyectos productivos o turísticos comprometan estos ecosistemas.

Ortiz Domínguez destacó que los pastos marinos cumplen una función fundamental en la estabilidad ambiental de las costas, además de servir como refugio para diversas especies y contribuir a la captura y almacenamiento de carbono azul. De acuerdo con lo expuesto por la senadora, estos ecosistemas pueden almacenar hasta cinco veces más carbono que los bosques terrestres.

Una segunda iniciativa plantea modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el propósito de establecer medidas preventivas ante el crecimiento de la acuicultura intensiva de pulpos.

La senadora aclaró que la propuesta no busca afectar la pesca artesanal ni desconocer la importancia económica y social de esta actividad, sino establecer mecanismos que permitan prevenir prácticas capaces de alterar el equilibrio de los ecosistemas marinos.

Electromovilidad, como apuesta económica

En materia económica, Maki Ortiz propuso reformar la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, para incorporar a la electromovilidad como un sector estratégico dentro de la política económica del Estado mexicano.

La legisladora sostuvo que la transición hacia la movilidad eléctrica no debe limitarse a una agenda ambiental o tecnológica, pues también representa una oportunidad para atraer inversiones, impulsar la innovación, desarrollar infraestructura de recarga, fortalecer cadenas de proveeduría y generar capacidades profesionales especializadas.

“Apostar por este sector es apostar por una economía más moderna, más productiva y mejor preparada para competir a nivel global”, afirmó.

Más herramientas para los consumidores

La cuarta iniciativa está dirigida a fortalecer los derechos de las y los consumidores mediante reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La propuesta contempla que las grandes empresas puedan realizar procesos de conciliación de quejas a través de medios digitales, además de establecer márgenes mínimos de atención efectiva y prever sanciones para los proveedores que incumplan o desatiendan sus obligaciones.

El objetivo, explicó Ortiz Domínguez, es elevar la calidad de los servicios de atención, fortalecer la tutela efectiva de las personas consumidoras y facilitar mecanismos de respuesta frente a las inconformidades.

La senadora sostuvo que las cuatro propuestas parten de una misma premisa: actualizar las herramientas con las que cuenta el Estado para responder a desafíos ambientales, económicos y sociales que tienen impacto directo en la población.

“Representan una oportunidad para dotar al Estado mexicano de mejores herramientas para proteger el medio ambiente, fortalecer nuestra economía y garantizar derechos que inciden de manera directa en la vida cotidiana de la población”, concluyó.