La senadora del Partido Verde busca que las decisiones frente a la crisis climática y ecológica tengan mayor respaldo científico y tecnológico

Ante la magnitud de los desafíos ambientales que enfrenta México, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde, propuso incorporar expresamente a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

La iniciativa plantea modificar los artículos 39 y 41 de la legislación para fortalecer la participación de la Secretaría en la generación de conocimiento estratégico sobre la naturaleza, los ecosistemas y la relación entre sus distintos elementos, incluido el ser humano.

Ortiz Domínguez explicó que se trata de armonizar la ley con una realidad cada vez más evidente: los problemas ambientales y climáticos requieren coordinación institucional, decisiones sustentadas en evidencia científica y una base técnica sólida.

La propuesta parte también de la necesidad de atender de manera integral fenómenos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el deterioro de los ecosistemas y la contaminación, cuya relación tiene efectos directos sobre el bienestar de la población.

La senadora señaló que la gestión ambiental no puede limitarse a respuestas administrativas o reactivas, sino que debe apoyarse en investigación, desarrollo tecnológico e innovación para anticipar riesgos y encontrar soluciones más eficaces.

El reto también se refleja en el manejo de residuos. De acuerdo con datos del INEGI citados en la iniciativa, en México se generan diariamente 108 mil 989 toneladas de residuos sólidos urbanos, una cifra que evidencia la presión sobre el territorio y la infraestructura destinada a su gestión.

Frente a este escenario, Ortiz Domínguez consideró necesario impulsar herramientas como la innovación en procesos, el diseño de materiales, la trazabilidad y mejores capacidades de monitoreo.

Con la reforma, sostuvo, se busca que la ciencia tenga una participación más clara en las políticas ambientales y que el Estado mexicano cuente con mayores capacidades para prevenir riesgos, restaurar ecosistemas, fortalecer la educación ambiental y responder de manera más eficaz a la crisis ecológica y climática.

La propuesta coloca así al conocimiento científico y la innovación como piezas necesarias —y no accesorias— de la política ambiental del país