La discusión sobre la violencia que afecta a Sinaloa dio este martes un paso más allá de la arena local y se instaló formalmente en el Senado de la República.

Respaldados por organizaciones civiles, representantes de distintos sectores sociales y la senadora priista Paloma Sánchez, un grupo de promoventes presentó una solicitud para que el Congreso de la Unión analice la posible desaparición de poderes en la entidad, al considerar que la crisis de seguridad ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades estatales.

El planteamiento busca convertir la situación que vive Sinaloa en un asunto de responsabilidad institucional, bajo el argumento de que el deterioro de las condiciones de seguridad exige una revisión extraordinaria de las estructuras de gobierno.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Senado, la legisladora sinaloense sostuvo que los indicadores de violencia registrados en los últimos meses reflejan una crisis que ha impactado no sólo la seguridad pública, sino también la actividad económica y social del estado.

Entre los datos expuestos se mencionaron homicidios, desapariciones, robo de vehículos, afectaciones al comercio y pérdidas económicas que, según los promoventes, han golpeado sectores estratégicos para la entidad.

A la exigencia se sumó la Alianza Mexicana de Abogados, cuyo presidente, Ricardo Beltrán Verduzco, informó que la solicitud formal fue acompañada por representantes ciudadanos, empresarios y organizaciones sociales que demandan una revisión de la situación institucional del estado.

Los promoventes también solicitaron que Sinaloa sea considerado una zona de emergencia en materia de seguridad pública y pidieron al Senado abrir una discusión específica sobre las condiciones que enfrenta la entidad.

La petición surge en un contexto marcado por la violencia derivada de la disputa entre grupos criminales que operan en la región desde septiembre de 2024, un conflicto que ha mantenido a Sinaloa en el centro del debate nacional sobre seguridad.

Más allá de las posiciones políticas encontradas, el tema coloca nuevamente a Sinaloa en la agenda legislativa nacional y anticipa una discusión que podría escalar en las próximas semanas dentro del Congreso de la Unión.

Por ahora, la exigencia de desaparición de poderes se convierte en una nueva expresión de la presión política y social generada por una crisis que continúa impactando la vida pública del estado.