CIUDAD DE MÉXICO.- La discusión sobre la transformación del Poder Judicial continúa avanzando en el Senado de la República. En esta ocasión, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, defendió las modificaciones aprobadas por la mayoría legislativa para reordenar el calendario de elección de jueces y magistrados, proceso que ahora se proyecta para el año 2028.

El legislador sostuvo que los ajustes buscan dotar de mayor claridad y certidumbre a un mecanismo inédito en la vida institucional del país: la participación directa de la ciudadanía en la designación de quienes tendrán la responsabilidad de impartir justicia.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Mier Velazco afirmó que la reforma permitirá construir un proceso electoral más organizado y comprensible para los ciudadanos, evitando que la elección de personas juzgadoras coincida con las elecciones intermedias de 2027, cuando estarán en disputa gubernaturas, alcaldías y diputaciones en diversas entidades federativas.

Desde la perspectiva del senador, la separación de ambos procesos contribuirá a una mejor participación ciudadana y permitirá que la discusión sobre la integración del Poder Judicial cuente con espacios propios de deliberación pública.

“El pueblo decidirá”, reiteró el legislador al respaldar un modelo que busca trasladar a las urnas una decisión que históricamente se resolvía mediante acuerdos políticos e institucionales.

La reforma forma parte de uno de los debates más relevantes de los últimos años sobre el equilibrio entre los poderes públicos y la manera en que se construye la legitimidad de quienes integran el sistema de justicia.

Mientras sus impulsores sostienen que la elección popular fortalecerá la rendición de cuentas y acercará al Poder Judicial a la ciudadanía, sus críticos advierten sobre los desafíos que implica trasladar la competencia electoral a un ámbito tradicionalmente reservado a perfiles técnicos y especializados.

En ese contexto, la mayoría legislativa defiende que la reorganización del calendario electoral permitirá generar mejores condiciones para que el proceso de 2028 se desarrolle con mayor orden, información y participación social.

Para Ignacio Mier, la discusión trasciende el terreno jurídico y se ubica en el centro de un debate de fondo sobre el modelo de justicia que México busca consolidar en los próximos años, donde —afirmó— la voluntad ciudadana deberá tener un papel cada vez más relevante en la integración de las instituciones públicas.