La reforma que aplaza hasta 2028 la elección de integrantes del Poder Judicial y extiende el periodo de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirma las deficiencias de origen en el diseño de la transformación judicial y contiene disposiciones contrarias a los principios democráticos, afirmó el jurista Diego Valadés.

Entrevistado previo al acto conmemorativo por el aniversario luctuoso de Manuel Camacho Solís, el ex procurador general de la República e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consideró que la decisión de posponer la elección judicial prevista para 2027 responde a dificultades técnicas reales para organizar simultáneamente los comicios judiciales y las elecciones políticas ordinarias.

“Las dificultades técnicas para juntar la elección política con la elección judicial resultaban insuperables”, señaló.

No obstante, sostuvo que el aplazamiento evidencia errores en la concepción original de la reforma, ya que el problema volverá a presentarse en futuros procesos electorales.

“El problema se presentará después, porque sólo se aplazó la elección correspondiente a 2027, pero subsiste la de 2030, que seguramente tendrá que aplazarse también a 2031. Esto no hace sino confirmar que el diseño fue un diseño muy equivocado”, afirmó.

Valadés expresó una crítica más severa respecto a la ampliación del periodo de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, al considerar que la medida contradice los límites establecidos por la Constitución.

“Es realmente incomprensible dentro del sistema constitucional mexicano que se haga este tipo de prórrogas cuando la Constitución era muy clara en cuanto a los límites establecidos”, manifestó.

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM estimó que incluso dentro de la mayoría legislativa existen diferencias sobre la decisión y consideró que eventualmente tendrá que revisarse.

“Creo que en algún momento se tendrá que corregir lo que a todas luces es una decisión antidemocrática”, sostuvo.

Cuestionado sobre si la ampliación del mandato de los magistrados podría interpretarse como una retribución política por resoluciones del Tribunal Electoral favorables a Morena y sus aliados, Valadés evitó pronunciarse sobre las motivaciones que dieron origen a la medida.

“Eso ya sería un pronunciamiento muy subjetivo”, respondió.

Sin embargo, insistió en que el debate central debe centrarse en la legalidad y en los principios democráticos que rigen al Estado mexicano.

“Lo objetivo es que se trata de una decisión que no corresponde a un Estado democrático y Estado de derecho”, enfatizó.

Asimismo, advirtió que la extensión extraordinaria del encargo de los magistrados podría generar cuestionamientos sobre la imparcialidad de futuras resoluciones electorales y abrir espacios para posibles conflictos de interés.

“Sí, así es, se abre la puerta a conflictos de intereses”, concluyó.