Ante la presión ciudadana y jurídica para que deje el Senado y enfrente sin inmunidad procesal los señalamientos formulados en su contra en Estados Unidos, el senador Enrique Inzunza Cázarez respondió a las más de 23 mil firmas reunidas para exigir su salida con un argumento electoral: recordó los 645 mil 428 votos con los que la fórmula que integró con Imelda Castro obtuvo la mayoría para el Senado en Sinaloa en 2024.

“Yo respeto cualquier expresión, pero hoy me eligieron casi 650 mil sinaloenses, hombres y mujeres, libres y honestos”, afirmó el legislador al ser cuestionado sobre la petición ciudadana.

El dato corresponde al cómputo estatal del Instituto Nacional Electoral, que otorgó a la fórmula de Morena el triunfo en Sinaloa con 49.16 por ciento de la votación, equivalente a 645 mil 428 sufragios.

La respuesta se produjo después de que ciudadanos y abogados llevaron al Congreso de la Unión una solicitud para que se retire la inmunidad procesal del senador y pueda responder ante las autoridades por los señalamientos que enfrenta.

Al ser cuestionado directamente sobre las más de 23 mil firmas reunidas por los promoventes, Inzunza volvió a colocar el resultado de las urnas como referencia.

“650 mil personas de Sinaloa, libres, honestos, en un ejercicio democrático. Creo que los números hablan por sí mismos”, señaló.

La movilización ciudadana se formalizó el pasado martes, cuando organizaciones y abogados entregaron las firmas en el Senado y, de manera paralela, Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, informó sobre la presentación ante la Cámara de Diputados de una solicitud de declaración de procedencia contra el legislador.

La petición busca que la Cámara determine, conforme al procedimiento constitucional correspondiente, si existen elementos para retirar la inmunidad procesal de Inzunza. La solicitud no implica por sí misma una determinación de responsabilidad penal.

Vania Pérez Morales, exintegrante del Sistema Nacional Anticorrupción y una de las promoventes de la movilización, ha señalado que la exigencia ciudadana no pretende sustituir a las autoridades judiciales.

“Nosotros no somos autoridad”, sostuvo, al señalar que corresponde a la Fiscalía General de la República y a las instituciones competentes determinar si existen elementos para proceder legalmente.

Una acusación que sigue en proceso

El contexto de la controversia se encuentra en la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 29 de abril de 2026 contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios y exfuncionarios mexicanos.

De acuerdo con el documento estadounidense, Inzunza enfrenta cargos relacionados con una presunta conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, así como delitos vinculados con la posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

El propio Departamento de Justicia advierte que los cargos contenidos en la acusación constituyen únicamente alegaciones y que los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

En medio de este escenario, el senador ha mantenido su posición de permanecer en el cargo y ahora respondió a la presión ciudadana apelando al respaldo obtenido en las urnas.

La controversia queda así planteada en dos planos distintos: por un lado, las más de 23 mil firmas de ciudadanos que demandan que enfrente los señalamientos sin fuero; por otro, los 645 mil 428 votos que llevaron a Inzunza al Senado y que el propio legislador invoca como expresión de legitimidad democrática.