Las irregularidades deben investigarse sin impunidad ni privilegios; después de los comicios, plantea revisar los mecanismos de contratación del instituto.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la organización de las elecciones de 2027 está garantizada y sostuvo que los problemas administrativos del Instituto Nacional Electoral (INE) deben investigarse y sancionarse conforme a la ley, sin comprometer el desarrollo de los comicios.

En conferencia de prensa, el legislador señaló que la prioridad es asegurar la participación ciudadana y las condiciones para renovar la Cámara de Diputados y más de 19 mil cargos locales, incluidas 17 gubernaturas.

Mier Velazco llamó a distinguir las responsabilidades administrativas y judiciales de la capacidad del organismo para conducir el proceso electoral. Subrayó que las irregularidades deben esclarecerse sin impunidad ni privilegios, pero pidió evitar que los señalamientos manchen la organización de las elecciones.

En ese sentido, consideró necesario que el debate sobre el procedimiento contra Guadalupe Taddei Zavala, a quien se refirió como expresidenta del Consejo General del INE, se mantenga en el ámbito de las responsabilidades legales y no desplace la atención de los preparativos electorales.

El senador destacó que se requiere garantizar la capacitación para instalar más de 170 mil casillas, así como promover la participación de ciudadanos, candidatos y partidos políticos bajo los principios de legalidad, certeza, transparencia, equidad y máxima publicidad.

También señaló que las instancias de fiscalización del INE deben colaborar con la Auditoría Superior de la Federación para determinar las responsabilidades que correspondan.

Una vez concluido el proceso electoral, planteó realizar una revisión profunda de la estructura administrativa del instituto, incluidos sus procedimientos, manuales y lineamientos de adjudicación y licitación, para impedir la intervención de intermediarios a quienes denominó “brókers o coyotes”.

A juicio del legislador, parte de los problemas tiene su origen en la reforma electoral de 2014. Argumentó que, aunque buscaba retirar el control a los llamados “virreyes de los organismos electorales”, derivó en una concentración excesiva de la administración de los recursos y afectó la soberanía de los estados.

Asimismo, sostuvo que se emitieron disposiciones que favorecieron a determinados proveedores, por lo que insistió en revisar los mecanismos de contratación.

Pese a esos cuestionamientos, reconoció que el INE ha consolidado un sistema que permite la participación ciudadana y garantiza que las elecciones estén en manos de la población.

“Eso está garantizado, pero hay problemas administrativos que deben ser juzgados conforme a la ley”, expresó.

Mier reiteró que la revisión del instituto debe ser profunda y las decisiones sobre los funcionarios señalados deben apegarse a la ley. Al mismo tiempo, pidió evitar que el debate responda a intereses políticos que, según afirmó, pertenecen a una corriente de derecha y resultaron afectados.