Higinio Martínez abre debate sobre fuero y nuevo sistema anticorrupción

La revisión del fuero de legisladores y funcionarios, las dificultades para aplicar el juicio político y las limitaciones de las instituciones encargadas de investigar la corrupción forman parte del debate que busca abrir en el Congreso un paquete de propuestas recibido por el presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda.

Al recibir los planteamientos del diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, acompañado por representantes de instituciones académicas y organizaciones civiles, Martínez Miranda sostuvo que la corrupción y la impunidad se han convertido en “un estigma” para la clase política y reclamó una “limpieza a fondo” en el país.

El senador anticipó que la eliminación del fuero será uno de los asuntos de mayor discusión legislativa. En su planteamiento, esta protección no debe convertirse en un obstáculo para que las autoridades investiguen y actúen ante posibles delitos cometidos por quienes ocupan cargos públicos.

Señaló que la protección a la libertad de expresión de los legisladores no debe confundirse con una cobertura frente a conductas delictivas.

“No para protegerlos de delitos, es ahí donde habrá un poco de debate, pero eso se va a subsanar”, expresó.

Martínez Miranda también advirtió que el esfuerzo debe tener un alcance mayor al de una reforma aislada. Propuso reunir las aportaciones ciudadanas, las iniciativas del Ejecutivo federal y el trabajo de ambas cámaras para construir cambios que permitan enfrentar el problema de fondo.

En ese contexto, sostuvo que los funcionarios traicionan la confianza ciudadana cuando incurren en actos de corrupción.

“A quienes nos ponen, a todos nosotros, aquí en una responsabilidad, nos colocan por algo. Uno es quien falla, y hay que buscar cómo evitar al máximo que las personas fallen”, afirmó.

El paquete presentado por Ramírez Cuéllar propone crear un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y reconstruir el esquema de fiscalización y auditorías mediante cambios legales y constitucionales a la Auditoría Superior de la Federación y a su coordinación con los órganos estatales.

También plantea revisar el funcionamiento de las fiscalías anticorrupción, los delitos vinculados con estas prácticas, la inmunidad procesal de servidores públicos y la aplicación del juicio político.

“Queremos poner a debate la inmunidad procesal de legisladores y también de funcionarios, y con ello una revisión del juicio político como institución que finca responsabilidades, que establece sanciones, pero que ha sido difícil poderlas aplicar”, explicó el diputado de Morena.

Otra de las vertientes es modificar la figura de extinción de dominio frente a ilícitos como el huachicol fiscal y el contrabando de combustibles, además de impulsar cambios en materia de administración pública.

Sin embargo, el encuentro también dejó ver diferencias sobre el diseño institucional que debería acompañar estas reformas.

La investigadora de México Evalúa, Susana Camacho Maciel, planteó que, en lugar de crear fiscalías especializadas, se requiere un marco legal flexible que permita a las fiscalías federales y estatales investigar en colaboración con otras autoridades capaces de contribuir a esclarecer los casos.

Por su parte, la directora del CIDE, Lucero Ibarra Rojas, sostuvo que combatir la corrupción exige la participación de todos los sectores y que la academia debe asumir una responsabilidad activa en esa tarea.

Para desarrollar las propuestas se plantearon tres mesas de trabajo: una en el Senado, otra en la Cámara de Diputados y una más con participación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del CIDE.

Ramírez Cuéllar explicó que estos trabajos buscarán confluir con las iniciativas que, en su momento, envíe la presidenta Claudia Sheinbaum. Su intención es precisar los alcances del paquete antes de que concluya el periodo de sesiones o después de la discusión del Presupuesto de Egresos.

El diputado también propuso convocar a un periodo extraordinario dedicado al tema. Esa posibilidad quedó planteada como una ruta para discutir y resolver las reformas, sin que durante el encuentro se anunciara un calendario de aprobación.