La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio comenzó a marcar la agenda del Senado de la República y anticipa uno de los primeros debates del próximo periodo ordinario de sesiones.

Mientras Morena anunció que buscará dictaminarla como una prioridad legislativa e incluso dejarla lista para su discusión desde las comisiones antes de septiembre, PRI y PAN coincidieron en que el combate al feminicidio no puede reducirse únicamente a la creación de una nueva legislación y demandaron revisar a fondo su contenido.

La secretaria general del PRI y senadora, Carolina Viggiano, sostuvo que el principal obstáculo para combatir este delito no es la falta de leyes ni el incremento de las penas, sino la incapacidad de las fiscalías para investigar y sancionar de manera eficaz.

«Puedes poner 100 años o 70 años de prisión, pero si nunca logras investigar ni sentenciar a los responsables, lo que pongas simplemente es propaganda», afirmó.

La legisladora consideró que la verdadera reforma pendiente está en las fiscalías estatales, donde, dijo, existen ministerios públicos insuficientes, mal remunerados y sin las herramientas necesarias para realizar investigaciones sólidas.

A su juicio, la prioridad debe ser fortalecer las capacidades de investigación, incorporar tecnología, contar con policías especializados y garantizar que la procuración de justicia opere con una auténtica perspectiva de género.

Aunque adelantó que revisará el texto de la iniciativa antes de fijar una postura definitiva, Viggiano anticipó que impulsará modificaciones orientadas a combatir las causas estructurales de la impunidad y cuestionó que la reciente reforma judicial no haya priorizado el fortalecimiento de la justicia cotidiana en los estados.

En la misma línea, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Mayuli Latifa Martínez, señaló que la propuesta deberá analizarse con rigor para conocer sus alcances y las obligaciones que establecerá para las entidades federativas.

La senadora panista sostuvo que el feminicidio debe convertirse en una causa que una a todas las fuerzas políticas y advirtió que la solución requiere mucho más que nuevas disposiciones legales.

Recordó que antes de un feminicidio suele existir una cadena de violencias —familiar, psicológica, física y económica— que muchas mujeres enfrentan sin recibir protección efectiva, además de que la falta de acceso a una justicia pronta y la dependencia económica continúan siendo factores que dificultan romper esos ciclos de violencia.

Martínez evitó adelantar el sentido del voto de su bancada y reiteró que primero será necesario revisar detalladamente el contenido de la iniciativa.

Desde Morena, la senadora Verónica Camino defendió la propuesta presidencial y aseguró que representa un paso fundamental para homologar la legislación sobre feminicidio en todo el país.

Explicó que actualmente existen diferencias entre los códigos penales estatales en la tipificación del delito y en las sanciones aplicables, situación que puede generar vacíos legales e incluso favorecer a los responsables cuando los casos involucran distintas entidades.

«Lo que buscamos es que en todos los estados exista la misma tipificación de los delitos relacionados con la violencia contra las mujeres y evitar que haya beneficios para los victimarios por las diferencias legales», explicó.

La legisladora afirmó que una ley general obligará a las entidades federativas a armonizar su legislación bajo criterios comunes y recordó que Morena ha impulsado desde hace varios años la homologación de las normas relacionadas con los derechos de las mujeres.

Asimismo, adelantó que las comisiones legislativas podrían iniciar el análisis de la iniciativa incluso antes del arranque formal del periodo ordinario de sesiones, con el objetivo de dejar listo el dictamen para su discusión durante la primera semana de septiembre.

Incluso, no descartó que, si existe consenso entre las fuerzas políticas, pueda convocarse a un periodo extraordinario para acelerar su aprobación.

Con ello, la propuesta presidencial perfila uno de los primeros grandes debates de la próxima agenda legislativa, en el que las distintas bancadas coinciden en la necesidad de fortalecer la protección de las mujeres, aunque difieren sobre el camino para lograr que el combate al feminicidio sea realmente efectivo.