La discusión sobre la doble nacionalidad y el formato de las comparecencias de los integrantes del gabinete federal colocó nuevamente a Morena y a la oposición frente a frente en el Senado, en una jornada marcada por el intercambio de posiciones sobre derechos, responsabilidades públicas y rendición de cuentas.

Uno de los principales puntos de debate fue la reforma constitucional que plantea establecer requisitos relacionados con una segunda nacionalidad para quienes aspiren a determinados cargos ejecutivos.

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, explicó que su bancada buscará construir la mayoría calificada necesaria para aprobar la propuesta y sostuvo que quienes pretendan representar a una entidad federativa o encabezar el Estado mexicano deben acreditar un compromiso de lealtad con México.

Mier precisó que la iniciativa no está dirigida exclusivamente a quienes cuentan con nacionalidad estadounidense, sino que contempla cualquier segunda nacionalidad. Bajo este planteamiento, quienes aspiren a ocupar los cargos contemplados en la reforma tendrían que renunciar a esa condición.

El coordinador parlamentario señaló que Morena confía en reunir los votos necesarios, aunque evitó anticipar el resultado de la eventual votación.

La oposición anunció una postura distinta. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, adelantó que su bancada votará en contra al considerar que la reforma limitaría derechos de ciudadanos mexicanos que también cuentan con otra nacionalidad.

Los coordinadores del PRI, Manuel Añorve, y de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, también manifestaron su rechazo a la propuesta.

El alcance de la reforma trasciende la sucesión presidencial. De aprobarse en los términos planteados, las nuevas disposiciones tendrían efectos para quienes aspiren a encabezar gobiernos estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que el debate adquiere una dimensión que involucra tanto el ejercicio de los derechos políticos como los requisitos para acceder a responsabilidades ejecutivas.

El segundo tema que generó diferencias fue el calendario y formato de las comparecencias de integrantes del gabinete federal, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

De acuerdo con lo expuesto por Ignacio Mier, el ejercicio comenzará el 5 de octubre con la secretaria de Gobernación, quien comparecerá en privado ante la Junta de Coordinación Política. Un día después, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, acudirá ante el pleno.

También están previstas las participaciones de los titulares de Seguridad, Economía, Educación y Medio Ambiente, aunque algunas fechas todavía se encuentran pendientes de definición.

La modalidad de las comparecencias abrió otro frente de discusión entre los grupos parlamentarios, debido a que no todos los funcionarios acudirán al pleno.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, comparecerá ante las comisiones vinculadas con Economía y con el seguimiento del tratado comercial con Estados Unidos, además de la Junta de Coordinación Política. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acudirá ante la Jucopo en el marco de las atribuciones legislativas relacionadas con seguridad.

Desde la oposición se cuestionó que algunos de estos ejercicios no se desarrollen directamente ante el pleno.

Anaya expresó su desacuerdo con el calendario y sostuvo que un mayor número de funcionarios debería comparecer públicamente ante el conjunto del Senado. Añorve planteó una posición similar respecto de los titulares de Economía y Educación, al considerar que tendrían que responder ante el pleno y no únicamente ante la Jucopo.

Castañeda llevó la discusión hacia otro aspecto: el formato de las comparecencias.

El coordinador de Movimiento Ciudadano propuso que los funcionarios respondan preguntas de los legisladores y que exista un mecanismo de réplica y contrarréplica, con el propósito de generar un intercambio público más amplio.

Más allá de las diferencias entre bancadas, ambos temas colocan sobre la mesa asuntos centrales de la vida pública: los requisitos para quienes aspiran a ejercer cargos de representación y la manera en que los integrantes del Ejecutivo rinden cuentas ante el Poder Legislativo.