El gremio acusa que los operativos recientes son una cortina de humo para simular resultados de seguridad y justificar presupuestos públicos.

Con pleno conocimiento de que se trata de un sector familiar y tradicional, las autoridades disfrazan de delito una actividad económica honesta que lleva décadas operando a la vista de todos.

Ante las falsas declaraciones y los operativos desproporcionados desplegados por el gobierno en fechas recientes, la comunidad de operadores, técnicos y microempresarios de máquinas recreativas y de entretenimiento fija una postura enérgica de denuncia pública:

Esto es una simulación y falsos OPERATIVOS para justificar gastos.

Denunciamos abiertamente que este gobierno está utilizando a nuestro sector como un blanco fácil para simular que combate la delincuencia. Ante la falta de resultados reales contra la verdadera criminalidad, las autoridades prefieren atacar a pequeños comercios y familias trabajadoras para llenar cuotas de aseguramientos, montar espectáculos mediáticos y así intentar justificar gastos operativos y presupuestos de seguridad.

El gobierno miente y lo hace con pleno conocimiento de causa. Las autoridades estatales y federales nos conocen perfectamente; saben que somos vecinos, comerciantes de barrio y familias que hemos impulsado el sustento local por generaciones. Calificar nuestra actividad histórica como un delito es un acto de discriminación y opresión institucional que busca criminalizar el derecho al trabajo lícito.

Preocupa de sobremanera que el gobierno decida disfrazar de delincuencia organizada lo que en realidad es autoempleo y esparcimiento popular.

Al clausurar, ASEGURAR y decomisar nuestras herramientas de trabajo sin sustentos técnicos reales, las autoridades actúan de manera opresora, destruyendo el patrimonio que ha visto crecer a múltiples generaciones y vulnerando la estabilidad de miles de hogares que dependen de este ingreso.

No permitiremos que la mentira gubernamental destruya décadas de trabajo honesto. Exigimos el cese inmediato del acoso institucional, la restitución de nuestros derechos comerciales y una rectificación pública por parte de las autoridades.

ATENTAMENTE

ARACELI GUTIERREZ CABALLERO