El senador Emmanuel Reyes cuestionó el destino de 38 mil millones de pesos por parte del gobierno de Guanajuato y dijo que desde el Senado impulsará reformas contra esta opacidad y malos manejos.

Ello luego de que se difundiera que el Consejo Consultivo para el Seguimiento a la Aplicación de los Impuestos sobre Nóminas y Cedulares (Cosainceg), integrado por seis organismos empresariales, no ha transparentado públicamente el destino de casi 38 mil millones de pesos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2019 a 2024, periodo que corresponde a la administración del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Según los presupuestos de ingresos estatales, en ese lapso se proyectó recaudar 33 mil 144 millones 426 mil pesos por concepto de impuesto a la nómina y 4 mil 822 millones 935 mil pesos por el impuesto cedular.

El decreto 261, que dio origen al Cosainceg en 2006, establece que este órgano debe informar a la sociedad civil sobre la aplicación de los recursos e impulsar una cultura de transparencia y rendición de cuentas.

No obstante, las últimas cinco actas de sesiones del consejo fueron clasificadas como reservadas por el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo, bajo el argumento de que su difusión podría representar un “riesgo grave y tangible para eldesarrollo del estado”.

En 2018, Rodríguez Vallejo reformó el decreto del Cosainceg para que dejara de ser un órgano meramente consultivo y pasara a tener la facultad de decidir directamente la aplicación de los recursos. Con ello, los consejos empresariales de León, Salamanca, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende y Guanajuato capital, junto con la CMIC, determinaron el destino de miles de millones de pesos provenientes de los contribuyentes guanajuatenses.

El senador por Guanajuato dijo que el
Cosainceg también administró el Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura y acciones prioritarias en desarrollo social y seguridad pública (Fidesseg), nutrido con el 0.3% del impuesto a la nómina, lo que representó más de 1,700 millones de pesos en seis años.

Entre las organizaciones beneficiadas, Actuar por Guanajuato y FE Guanajuato recibieron 148 millones de pesos sólo por fungir como intermediarias.

La Auditoría Superior del Estado detectó irregularidades por casi 250 millones de pesos en el uso de estos recursos y recomendó iniciar procesos para el reintegro de 170 millones 668 mil pesos.

La actual gobernadora Libia García Muñoz Ledo extinguió el Fidesseg, decisión que derivó en una confrontación legal con los organismos empresariales que promovieron amparos. Tras varios meses, se alcanzó un acuerdo para retirar los juicios.

El senador Emmanuel Reyes Carmona condenó estas acciones y señaló que la opacidad en el manejo de recursos públicos constituye una grave afrenta a la confianza ciudadana.
Asimismo, exigió a las autoridades estatales y al Cosainceg transparencia y rendición de cuentas inmediatas, en cumplimiento de la ley y en respeto al pueblo de Guanajuato.

El legislador adelantó que desde el Senado impulsará acciones legislativas para garantizar que los recursos recaudados por concepto de impuestos sean manejados con claridad, asegurando que estos fondos se destinen a su verdadero propósito: el desarrollo social, la infraestructura y la seguridad en beneficio de las y los guanajuatenses.