En el Estado de México, los corralones se han convertido en un foco de abuso e impunidad que, lejos de ser regulado, parece operar por encima de las propias autoridades. La falta de atención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y del titular de la Secretaría de Movilidad, Hugo de la Rosa, ha dejado en estado de indefensión a decenas de ciudadanos que denuncian fraudes y afectaciones patrimoniales.

El caso más documentado ha sido expuesto por el abogado Luis Antonio Córdoba Juárez, quien señala directamente al corralón Corporativo de Servicios y Comercializadora Moctezuma 2 S. de R.L. como responsable de presunto robo sistemático de autopartes.

De acuerdo con la denuncia, todo comenzó hace más de 30 meses, cuando un vehículo de alta gama fue ingresado tras un incidente vial. Desde entonces, la empresa ha obstaculizado su liberación mediante cobros irregulares, sin tabuladores oficiales ni justificación legal, bajo argumentos internos que nunca son transparentados al afectado.

La situación alcanzó su punto más crítico cuando, finalmente, el vehículo —valuado en aproximadamente 350 mil pesos— fue entregado en condiciones deplorables: sin llantas, motor, vidrios ni interiores. En palabras del denunciante, un “cascarón” completamente desvalijado.

A pesar de ello, los operadores del corralón exigieron un pago adicional de 80 mil pesos para concretar la entrega.

Lo más alarmante, señalan, es que toda la evidencia —documentos, escritos e imágenes— ha sido enviada directamente tanto a la Secretaría de Movilidad como a las oficinas de la gobernadora, sin que hasta el momento exista respuesta o acción alguna. Esta inacción refuerza la percepción de que los corralones operan con total impunidad, incluso por encima de la autoridad estatal.

El caso no es aislado. Se reportan más de 90 quejas similares contra este mismo corralón, principalmente por el robo de autopartes.

Cabe recordar que en el Estado de México el robo de autopartes es considerado un delito grave, con sanciones que pueden derivar en varios años de prisión, especialmente cuando existe desmantelamiento de vehículos. Sin embargo, la falta de intervención de las autoridades ha permitido que estas prácticas continúen sin consecuencias.

Hoy, la pregunta persiste: ¿quién regula a los corralones en el Edomex? Y, sobre todo, ¿por qué las autoridades responsables no están actuando?