La reforma plantea atención especializada para víctimas y agresores, así como la transformación de patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder.
El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias que incorpora los servicios reeducativos integrales como parte de las acciones institucionales para prevenir la repetición de agresiones y modificar las estructuras socioculturales que perpetúan la violencia de género.
La modificación amplía el enfoque de atención al reconocer que la respuesta del Estado no debe limitarse a la sanción de las conductas violentas, sino contemplar procesos especializados que contribuyan a la transformación de los patrones de comportamiento de quienes ejercen violencia y a la recuperación integral de las víctimas.
El dictamen obtuvo 94 votos a favor en lo general. En la discusión en lo particular, el Pleno aprobó, con 86 votos, una reserva de la senadora Martha Lucía Micher Camarena, de Morena, para incorporar el término «integrales» al concepto de servicios educativos.
El proyecto establece que estos servicios serán gratuitos y especializados, con perspectiva de género, derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad. Su propósito es contribuir a la reinserción social de las personas agresoras y fortalecer la participación de las víctimas en los ámbitos público, privado y social.
La incorporación del carácter integral busca que los procesos de reeducación cuenten con herramientas suficientes para atender las conductas que reproducen relaciones desiguales de poder, así como promover formas de convivencia sustentadas en el respeto y la igualdad.
Al explicar la reserva, Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, subrayó que la modificación permite incorporar los elementos necesarios para incidir en las conductas de los agresores.
También consideró fundamental que los Centros LIBRE de la Secretaría de las Mujeres y las fiscalías especializadas participen en la implementación de estas actividades. En el caso de las víctimas, señaló, la atención debe proporcionar herramientas para reconocer las primeras manifestaciones de violencia y contar con recursos para enfrentar situaciones de riesgo.
Respecto de los agresores, planteó la necesidad de impulsar procesos que cuestionen las masculinidades construidas desde el machismo y contribuyan a modificar las conductas violentas.
Por su parte, Francisco Chíguil Figueroa, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, destacó la responsabilidad de las entidades federativas en el desarrollo de programas que favorezcan la recuperación integral de quienes han sufrido violencia y la reinserción social de quienes la ejercieron.
Durante la discusión, la senadora Alma Anahí González Hernández, de Morena, sostuvo que la atención de este problema exige transformar los estereotipos de género y las prácticas machistas que reproducen las relaciones desiguales de poder.
Desde el PVEM, María del Rocío Corona Nakamura hizo un llamado a denunciar cualquier manifestación de maltrato, mientras que la priista Carolina Viggiano Austria advirtió que la separación de la víctima y su agresor no garantiza por sí misma que la violencia no vuelva a presentarse.
En tanto, Lizeth Sánchez García, del PT, destacó que el acompañamiento integral puede favorecer la recuperación de la autonomía de las mujeres, su reincorporación a la vida comunitaria y el ejercicio de sus derechos.
Con esta aprobación, el Senado plantea una ruta legislativa que vincula la prevención, la atención a las víctimas y la transformación de las conductas violentas como componentes de una política pública orientada a evitar la repetición de las agresiones.
El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.