La investigadora Cristyna Yolanda Escalante Garma advierte que trasladar a los hogares la contratación de apoyos escolares profundiza las desigualdades y puede generar nuevas barreras para estudiantes con discapacidad y neurodivergencias.

Por Redacción | Contraluz Legislativa
Con base en el análisis de la Dra. Cristyna Yolanda Escalante Garma, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán.

La educación inclusiva es un derecho reconocido en México, pero su cumplimiento todavía depende, en muchos casos, de la capacidad económica de las familias. Cuando las escuelas trasladan a los hogares la responsabilidad de contratar los apoyos que requiere un estudiante, el acceso y la permanencia escolar pueden quedar sujetos a la posibilidad de pagarlos.

Así lo plantea Cristyna Yolanda Escalante Garma, doctora en Ciencias Sociales y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, en su análisis “La cadena de la exclusión: ¿quién paga realmente la educación inclusiva?”. La investigadora examina cómo una obligación institucional puede convertirse en una cadena de responsabilidades trasladadas, cuyos costos recaen sobre estudiantes con discapacidad y neurodivergencias, sus familias y quienes les brindan acompañamiento.

Su reflexión parte del enfoque de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: la discapacidad surge de la interacción entre las condiciones individuales y las barreras del entorno. Desde esta perspectiva, las instituciones educativas deben realizar ajustes razonables para permitir que el alumnado aprenda y participe en igualdad de condiciones.

Estos ajustes pueden incluir la adaptación de materiales y evaluaciones, la modificación de actividades, medios alternativos de comunicación y condiciones de accesibilidad. En determinados casos, también puede requerirse acompañamiento individual.

Escalante Garma señala que, en Yucatán, la reforma de 2023 a la Ley de Educación reforzó las obligaciones de inclusión en escuelas públicas y privadas. Sin embargo, advierte que persiste una distancia considerable entre lo que establece la legislación y lo que sucede en las aulas.

“No estudié educación especial”, “no sé cómo hacerlo” o “tengo demasiados alumnos” son expresiones que la autora recoge para ilustrar dificultades que van más allá de la voluntad individual del profesorado: grupos numerosos, formación insuficiente y concepciones equivocadas sobre la inclusión.

En este punto, retoma el diagnóstico de derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) correspondiente a 2023. El desafío, explica, no consiste en exigir que cada docente sea especialista, sino en proporcionarle herramientas para responder a la diversidad del alumnado.

El problema aparece cuando, ante estas dificultades, las escuelas trasladan a las familias la responsabilidad de proporcionar los apoyos. Una de las prácticas que identifica es solicitar la contratación de una monitora o “sombra”, incluso sin una valoración individualizada que justifique su necesidad.

La investigadora subraya una distinción fundamental: no todos los estudiantes con discapacidad requieren acompañamiento permanente. Imponerlo de manera indiscriminada puede limitar su autonomía y generar cargas económicas innecesarias. Al mismo tiempo, existen estudiantes para quienes ese apoyo resulta indispensable y cuya ausencia puede comprometer su participación y aprendizaje.

Como referencia, cita la Recomendación 21/2026 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, que, según expone en su análisis, subraya la necesidad de adaptar el entorno educativo a las características del estudiante mediante apoyos individualizados, en lugar de exigir que este se ajuste a las condiciones de la escuela.

La problemática también tiene antecedentes en Yucatán. Escalante Garma recupera un caso documentado en el informe de la CODHEY sobre la situación de los derechos humanos de 2023, en el que la autoridad educativa justificó la falta de asignación de una monitora por insuficiencia presupuestaria, asunto abordado en la Recomendación 17/2021.

Se trata, sostiene, de dos extremos de un mismo problema: exigir acompañamiento cuando no se necesita y negarlo cuando resulta necesario. En ambos casos, las decisiones institucionales pueden convertirse en nuevas barreras para ejercer el derecho a la educación.

Cuando la participación escolar se condiciona a que las familias asuman el costo de estos apoyos, se profundizan las desigualdades económicas y existe el riesgo de incurrir en prácticas discriminatorias por motivos de discapacidad.

La autora recuerda que los hogares con necesidades de apoyo asociadas a la discapacidad o las neurodivergencias frecuentemente enfrentan gastos adicionales en terapias, consultas y cuidados. A ello se suma que alguna persona cuidadora puede verse obligada a reducir su actividad laboral. Exigirles también el pago de una monitora incrementa esa presión económica.

En su análisis, destaca que la Convención reconoce la denegación de ajustes razonables como una forma de discriminación por motivos de discapacidad.

Las consecuencias alcanzan igualmente a quienes realizan el acompañamiento. Las familias, sometidas a una sobrecarga económica, no siempre pueden ofrecer remuneraciones acordes con las responsabilidades de esta labor.

Escalante Garma advierte que muchas monitoras carecen de prestaciones o seguridad social y, en ocasiones, asumen funciones que corresponden al profesorado. De esta manera, una necesidad educativa termina generando tensiones económicas y laborales entre familias y trabajadoras, mientras las responsabilidades institucionales permanecen sin resolverse.

El texto también identifica respuestas legislativas que abren la discusión sobre quién debe financiar y proporcionar estos apoyos.

En Baja California, refiere una iniciativa presentada en septiembre de 2026 para que la autoridad educativa financie los apoyos individuales cuando resulten necesarios, previa valoración de las necesidades del estudiante, y para prohibir que su permanencia escolar se condicione a la contratación familiar de personal de acompañamiento.

En Tamaulipas, menciona una reforma de abril de 2026 que incorporó un esquema de acompañamiento mediante estudiantes universitarios en servicio social o prácticas profesionales.

Para la investigadora, estas medidas abren una discusión necesaria sobre la disponibilidad de apoyos, su financiamiento, la formación de quienes los proporcionan y sus condiciones laborales.

Sin embargo, advierte que la solución no puede limitarse a regular la figura de las monitoras. La educación inclusiva requiere mecanismos de valoración individualizada, formación docente, recursos accesibles y supervisión del cumplimiento de las obligaciones educativas.

También exige reconocer que las necesidades de apoyo pueden cambiar a lo largo de la trayectoria escolar y que las decisiones deben favorecer la participación y autonomía de cada estudiante.

La inclusión es una responsabilidad compartida entre el Estado, las instituciones educativas, las familias y la sociedad, plantea Escalante Garma, pero esa corresponsabilidad no debe confundirse con el traslado de obligaciones.

El desafío legislativo consiste en garantizar que cada estudiante reciba los apoyos que realmente necesita, sin imponerle aquellos que no requiere ni hacer depender su derecho a la educación de la capacidad económica de su familia.

Sobre la investigadora

Cristyna Yolanda Escalante Garma es doctora en Ciencias Sociales, maestra en Derecho y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sus líneas de investigación se centran en los derechos humanos, la inclusión y la justicia socioambiental. Es integrante de la Red de Mujeres Investigadoras por la Ciencia Abierta (MInCA).

Fuente: análisis “La cadena de la exclusión: ¿quién paga realmente la educación inclusiva?”, de Cristyna Yolanda Escalante Garma. El trabajo retoma documentos de la CODHEY, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, los congresos de Baja California y Tamaulipas, el Gobierno de Yucatán y la Organización de las Naciones Unidas.

Pie de fotografía: Excursión escolar en Dzibilchaltún, Yucatán. La presencia de acompañamiento individual no elimina, por sí misma, las barreras que dificultan la participación en igualdad de condiciones. Fotografía: archivo personal de la autora.