La iniciativa plantea atención integral para niñas de 10 a 14 años y la notificación obligatoria a las autoridades ante estos casos.

La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para incorporar el concepto de “embarazo infantil forzado” en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y establecer obligaciones específicas para la protección de las víctimas.

La propuesta busca definirlo como aquel que ocurre en niñas de entre 10 y 14 años, bajo la presunción de que es resultado de violencia sexual. Con ello, plantea activar la intervención de las instituciones sin que la responsabilidad de denunciar o iniciar las acciones correspondientes recaiga en las menores o en sus familias.

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), citadas por la legisladora, durante 2025 se registraron siete mil 887 nacimientos de madres de ese rango de edad en México, un promedio cercano a 22 diarios.

Barrales sostuvo que estos embarazos no deben asumirse como una situación normal ni como resultado de una decisión consentida. Por la edad y las condiciones de vulnerabilidad de las niñas, señaló, requieren una respuesta inmediata de las autoridades.

La iniciativa propone que las instituciones de salud, educativas y de asistencia social notifiquen de inmediato a la Fiscalía y a la Procuraduría de Protección cuando conozcan un caso, para activar la investigación y las medidas de protección correspondientes.

También contempla atención médica y psicológica especializada, acompañamiento jurídico gratuito, continuidad educativa y medidas para evitar la revictimización.

Durante la presentación, la senadora mencionó casos de niñas atendidas por embarazos y complicaciones obstétricas en Chiapas y Tamaulipas, así como uniones con hombres considerablemente mayores en el Estado de México. Advirtió que estas situaciones deben encender las alertas institucionales ante la posible comisión de violencia sexual.

Barrales argumentó que la legislación requiere una definición expresa que permita establecer responsabilidades y fortalecer la actuación de las autoridades.

“La definición del embarazo infantil forzado es indispensable”, expresó.

El proyecto plantea adicionar la fracción X Bis al artículo 4, un cuarto párrafo al artículo 47 y el artículo 83 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Además, mediante un artículo transitorio, propone un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión y los congresos estatales tipifiquen el delito de embarazo infantil forzado.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen.