Con 419 votos a favor, la Cámara aprobó el dictamen y lo envió al Senado; todo reclutamiento de menores de edad se considerará forzado.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen para sancionar el reclutamiento de personas para grupos delictivos, con penas de hasta 25 años de prisión cuando se cometa mediante amenazas, intimidación, coacción, violencia física o moral o abuso de poder.

El proyecto, avalado en lo general y en lo particular con 419 votos a favor, incorpora el capítulo “Del Reclutamiento Forzado de Personas” a la ley general en materia de trata de personas. Fue remitido al Senado para continuar su proceso legislativo.

La propuesta contempla de diez a veinte años de prisión y de cinco mil a cincuenta mil días multa para quien invite, induzca, incorpore o reclute a una o más personas para formar parte de grupos delictivos o de la delincuencia organizada. Esto incluye hacerlo directamente o mediante otra persona, con engaño o sin él, a través de medios impresos, electrónicos o cualquier otra vía.

Cuando exista intimidación, amenaza, coacción, violencia o abuso de poder, la conducta se considerará reclutamiento forzado y la sanción será de quince a veinticinco años de cárcel, además de diez mil a ochenta mil días multa.

Protección para niñas, niños y adolescentes

El dictamen establece que todo reclutamiento de niñas, niños o adolescentes se entenderá y sancionará como forzado.

También dispone que, cuando una persona menor de edad sea imputada por reclutamiento, deberá garantizarse el interés superior de la niñez, la protección más amplia y la restitución de sus derechos, conforme a las leyes aplicables. En su caso, el internamiento preventivo deberá sujetarse a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Penas mayores por agravantes

Las sanciones podrán incrementarse hasta en una mitad cuando las víctimas pertenezcan a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas, o se encuentren en situación de movilidad humana, independientemente de su condición migratoria.

El aumento también se contempla cuando se provoquen lesiones o se recurra a tortura, violencia sexual, privación de la libertad, fanatismo religioso o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Otras agravantes incluyen reclutar a personas por su formación o conocimientos especializados; que el responsable haya pertenecido a corporaciones de seguridad pública o a la Fuerza Armada Permanente, o que utilice información o capacitación obtenida en una empresa de seguridad privada para cometer el delito.

Cuando el responsable sea servidor público, se impondrán además la destitución y la inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por un periodo igual al de la pena de prisión. Ese plazo comenzará una vez cumplida la condena.

Colaboración con la justicia

El proyecto permite reducir las penas hasta en una tercera parte cuando los responsables aporten información relevante, corroborada con otros elementos de prueba, que permita esclarecer los hechos o identificar a otros involucrados.

Para acceder a esa reducción deberán cumplirse condiciones como no ser reincidente, garantizar la reparación integral del daño y no estar imputado por delincuencia organizada.

De aprobarse y entrar en vigor, las entidades que ya contemplen el delito de reclutamiento tendrán un plazo máximo de 180 días naturales para armonizar sus leyes con las nuevas disposiciones.