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Marcha LGTV+ 2025La iniciativa busca considerar discriminatorio negar la corrección del nombre y género en documentos oficiales. El problema puede complicar trámites y el acceso a derechos.
Presentar una identificación debería facilitar un trámite. Para una persona trans, cuando el nombre y el género de sus documentos no corresponden con su identidad, puede convertirse en un momento de cuestionamientos, exposición de su vida privada y obstáculos para acreditar quién es.
Frente a este problema, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó en el Senado una iniciativa para reconocer como acto de discriminación la negativa a corregir esos datos en documentos oficiales, a fin de que correspondan con la identidad de género autopercibida.
La dimensión de la población involucrada tiene un referente oficial: la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, del INEGI, estimó que en México había 908 mil 600 personas de 15 años y más con identidad de género trans+, categoría que incluye a personas transgénero, transexuales y con otras identidades de género distintas del sexo asignado al nacer. Esa cifra describe a la población; no significa que todas hayan enfrentado una negativa para modificar sus documentos.
La propuesta plantea reformar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. En términos cotidianos, busca que impedir a una persona adecuar su documentación a su identidad sea reconocido expresamente como una conducta discriminatoria.
El asunto rebasa el acta de nacimiento. Las y los promoventes señalan que también involucra documentos como el pasaporte y la credencial para votar, utilizados para identificarse ante instituciones públicas y privadas.
Contar con documentos que reconozcan la identidad de una persona puede reducir situaciones en las que deba explicar reiteradamente por qué sus datos no corresponden con la forma en que se presenta y se reconoce.
Como antecedente, el INE informó que el nuevo modelo de credencial para votar, cuya producción comenzó el 1 de junio de 2026, incorpora un campo de género que permite elegir entre mujer, hombre o persona no binaria, conforme a la identidad autopercibida.
Para el PVEM, los procedimientos internos de las instituciones deben acompañarse de reformas legales que den mayor certeza al reconocimiento de este derecho y contribuyan a combatir la transfobia.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos. Se encuentra pendiente de análisis: su presentación todavía no implica que la reforma esté aprobada ni que los procedimientos para modificar documentos hayan cambiado.
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