El Senado de la República declaró aprobada la reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para ejercer la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La declaratoria se realizó después de que la Cámara Alta recibió y contabilizó los votos aprobatorios de 22 legislaturas locales, con lo que se alcanzó la mayoría requerida por el artículo 135 constitucional para modificar la Carta Magna.

Durante la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de las resoluciones enviadas por los congresos estatales y confirmó que los 22 votos recibidos fueron favorables al proyecto.

Las legislaturas que aprobaron la reforma corresponden a Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Con el cómputo de los votos, el Senado declaró formalmente aprobado el decreto que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, relacionados con los requisitos para ejercer la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalina.

El cambio establece que quienes busquen ocupar estos cargos deberán contar con nacionalidad mexicana única, por lo que la doble nacionalidad dejará de ser compatible con el ejercicio de estas responsabilidades, una vez concluido el procedimiento constitucional y publicada la reforma.

La modificación generó debate durante su discusión en el Senado. Legisladores de oposición señalaron que podría afectar los derechos políticos de mexicanos que poseen otra nacionalidad, particularmente quienes emigraron al extranjero y posteriormente adquirieron una segunda ciudadanía.

El PAN manifestó su rechazo al considerar que la reforma representa una restricción para los derechos políticos de los migrantes.

Quienes respaldaron la propuesta plantearon, en cambio, que la nacionalidad mexicana única debe ser un requisito para quienes ejerzan las responsabilidades de mayor jerarquía dentro del Estado mexicano.

Con la aprobación de las legislaturas locales, la reforma avanzó en el procedimiento establecido por el artículo 135 constitucional. Tras verificar que se alcanzó la mayoría requerida, el Pleno del Senado realizó la declaratoria correspondiente y el decreto fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar con el procedimiento.

La reforma modifica las reglas constitucionales de elegibilidad para la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y mantiene abierto el debate sobre los derechos políticos de los mexicanos con doble nacionalidad.