El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa para expedir la Ley de Apertura y Transparencia de las Actividades de Cabildeo, con la que plantea establecer reglas para identificar, registrar y transparentar la intervención de grupos de interés ante el Congreso de la Unión.

La propuesta busca crear un Registro Abierto de Personas Cabilderas y una Oficina Bicamaral de Cabildeo, encargada de administrar dicho registro y gestionar las actividades relacionadas con esta práctica en las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Monreal señaló que el cabildeo forma parte de la actividad legislativa y que es necesario regularlo para evitar que se desarrolle en la opacidad o que derive en prácticas indebidas.

“Tenemos que reconocer que existen los grupos de cabildeo y regular su función para que esta actividad no sea oscura, no se corrompa y para que los legisladores y las legisladoras no perciban dádivas, dinero u obsequios a cambio de apoyar, enmendar o cambiar una disposición”, afirmó.

El legislador explicó que el cabildeo consiste, en términos generales, en gestionar y buscar influir en las decisiones de un cuerpo colegiado. Señaló que participan en estas actividades personas y organizaciones vinculadas con sectores como la industria farmacéutica, textil, energética y tabacalera, entre otros.

De acuerdo con la iniciativa, el cabildeo sería definido como una actividad de vinculación directa, oral, escrita o electrónica, orientada a proporcionar información estratégica para la toma de decisiones legislativas, bajo principios de legalidad, integridad, objetividad, profesionalismo y honradez.

La propuesta establece que estas actividades podrán realizarse ante legisladores, órganos de gobierno y de trabajo de ambas Cámaras, siempre que tengan como finalidad aportar información que contribuya al análisis y discusión de asuntos legislativos.

El proyecto también plantea que la regulación del cabildeo deberá garantizar los derechos de acceso a la información pública, manifestación de ideas, petición, libre asociación, libertad de expresión y libertad de prensa, además de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.

Entre las medidas de control propuestas se encuentra la posibilidad de suspender o cancelar el registro de una persona cabildera cuando se compruebe que proporcionó información falsa o incumplió con la obligación de actualizar sus datos.

Para las personas legisladoras y servidoras públicas, el proyecto contempla responsabilidades administrativas por conductas como ocultar o destruir información, actuar con negligencia, dolo o mala fe, negar información a la Oficina Bicamaral, aceptar actividades de cabildeo de personas no acreditadas o recibir dádivas o pagos destinados a influir en sus decisiones.

También establece restricciones para realizar actividades de cabildeo durante el ejercicio del cargo público o dentro del año siguiente a su conclusión.

El ordenamiento incorpora además un Código de Ética y Conducta Profesional del Cabildeo Legislativo, reglas de transparencia, informes y declaraciones, mecanismos de trazabilidad e investigación, así como responsabilidades, sanciones y restricciones para quienes participen en estas actividades.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión, sostiene que el cabildeo no debe confundirse con presión indebida, corrupción o tráfico de influencias.

El proyecto plantea, en cambio, establecer un mecanismo institucional para que sectores sociales, productivos, profesionales, académicos y ciudadanos puedan aportar información especializada al proceso legislativo, sin comprometer la facultad de las personas legisladoras para tomar sus propias decisiones.

Monreal consideró que la regulación permitiría convertir el cabildeo en una actividad visible y sujeta a reglas de transparencia, registro y rendición de cuentas, y confió en que la propuesta pueda ser discutida y, en su caso, aprobada por el Congreso de la Unión.