Senado e INACIPE acuerdan intercambio permanente de conocimiento para fortalecer la legislación penal

Ciudad de México, 17 de septiembre de 2026.— Antes de que una reforma se convierta en ley, debería pasar por una prueba fundamental: conocer a fondo la realidad que pretende transformar.

Con esa premisa, la Comisión de Justicia del Senado, presidida por el senador Javier Corral Jurado, y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) firmaron un Convenio Marco de Colaboración para mantener un intercambio permanente de conocimientos, investigación y buenas prácticas en materia de justicia penal.

Durante la firma, realizada en la Casona de Xicoténcatl, Corral explicó que el acuerdo permitirá fortalecer la formación, capacitación y actualización de legisladores, así como desarrollar investigaciones, asesorías, foros y espacios de discusión que aporten elementos técnicos al proceso legislativo.

El senador destacó que el conocimiento especializado puede ayudar a valorar mejor las iniciativas y, sobre todo, a detectar inconsistencias o dificultades antes de que una propuesta llegue al Diario Oficial como una nueva obligación jurídica.

“Una investigación puede aportar evidencia y criterios técnicos para valorar una iniciativa”, señaló.

El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de 2030 y contempla acercar a los legisladores con especialistas que conocen directamente los problemas relacionados con la justicia penal.

Por su parte, el rector del INACIPE, Jorge Nader Kuri, puso el acento en una de las dificultades centrales de la legislación penal: la realidad suele avanzar más rápido que las reformas.

Advirtió que las estructuras criminales pueden aprovechar vacíos y vulnerabilidades antes de que el legislador consiga identificarlos, por lo que consideró necesario desarrollar un pensamiento capaz de anticiparse al daño.

Para Nader Kuri, la tarea parlamentaria consiste en convertir los reclamos sociales en respuestas jurídicamente justas, mientras que la academia puede funcionar como un espacio para poner a prueba las hipótesis antes de convertirlas en leyes.

El convenio busca justamente ese punto de encuentro: que la experiencia de quienes conocen los problemas y el conocimiento de quienes los estudian lleguen a la mesa legislativa antes de que las decisiones sean definitivas.