La senadora plantea crear un nuevo delito en el Código Penal Federal y aumentar las penas cuando los atentados pongan en riesgo a la población civil

Los explosivos dejaron de ser una amenaza lejana. En Zacatecas, los ataques con estos artefactos se han convertido en una modalidad cada vez más utilizada por grupos criminales para desafiar a las instituciones de seguridad y sembrar miedo entre la población.

Ante esta realidad, la senadora Geovanna Bañuelos propuso reformar el Código Penal Federal para castigar con mayor severidad los atentados con explosivos contra elementos e instalaciones de las instituciones de seguridad, con penas que podrían alcanzar hasta 30 años de prisión.

La iniciativa fue presentada tras el ataque ocurrido el pasado 30 de agosto contra la Comandancia Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, donde once personas resultaron heridas.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo planteó incorporar al Código Penal Federal un nuevo capítulo denominado “Atentados contra las instituciones de seguridad pública”, con el propósito de establecer un tipo penal específico para quienes utilicen explosivos con la intención de atacar a integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fuerza Armada Permanente, Guardia Nacional, así como instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

La propuesta contempla sanciones de 15 a 30 años de prisión, además de multas de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para quien utilice pólvora, explosivos, artificios, sustancias químicas, artefactos explosivos improvisados o cualquier otro material capaz de provocar una explosión, deflagración, detonación o incendio con la finalidad de causar la muerte, lesiones o daños.

Zacatecas, una señal de alerta

Las cifras muestran la dimensión del problema.

De acuerdo con datos difundidos por la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, durante 2024 se registró un ataque relacionado con explosivos. En 2025 fueron documentadas seis agresiones y, para agosto de 2026, ya sumaban 23 ataques, incluidos seis realizados mediante automóviles o motocicletas cargados con explosivos.

Es decir, en poco más de dos años se han registrado 30 eventos relacionados con explosivos en la entidad.

Para Bañuelos, el crecimiento de esta modalidad delictiva obliga a revisar un marco legal que, hasta ahora, contempla estas conductas de manera dispersa.

La senadora recordó que el artículo 189 del Código Penal Federal establece actualmente una pena adicional de uno a seis años de prisión cuando un delito se comete contra una persona servidora pública o agente de la autoridad durante el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

Sin embargo, consideró que esta disposición resulta insuficiente frente a ataques planeados específicamente para utilizar explosivos contra instituciones de seguridad.

La legisladora zacatecana señaló que la legislación tampoco protege de manera integral instalaciones, patrullas, aeronaves, equipos y otros bienes institucionales, ni contempla de forma específica el riesgo colectivo que implica una explosión.

Cuando el peligro alcanza a la población

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es incrementar las sanciones cuando los ataques pongan en riesgo a personas civiles.

Y es que un explosivo no distingue entre un objetivo y quien simplemente se encuentra cerca. Su capacidad destructiva puede alcanzar viviendas, comercios, vehículos y personas que nada tienen que ver con el conflicto entre grupos criminales y autoridades.

Por ello, la propuesta plantea aumentar las penas cuando el atentado ponga en peligro la vida o integridad de civiles, provoque daños en viviendas, establecimientos, vehículos o bienes, ocasione lesiones o cause la muerte de una o más personas.

La iniciativa busca así que la respuesta penal considere no sólo el daño directo, sino también el riesgo colectivo que generan este tipo de ataques.

Actualmente, el Código Penal Federal contempla diversas disposiciones relacionadas con el uso de explosivos, daños en propiedad ajena, afectaciones a vías de comunicación y utilización indebida de aeronaves pilotadas a distancia. No obstante, Bañuelos sostiene que estas normas no abarcan de manera integral las distintas formas en que pueden ser utilizados los explosivos para atacar a las instituciones de seguridad.

La senadora advirtió que la evolución de los métodos empleados por las organizaciones criminales exige que la legislación también evolucione y sea capaz de responder a conductas cuya capacidad destructiva rebasa los delitos tradicionales de lesiones, homicidio o daño en propiedad ajena.

“Esta realidad no puede ser ajena ni convertirse en parte de la normalidad”, sostuvo al referirse particularmente a Zacatecas, donde los ataques con explosivos han aumentado en los últimos años.

La senadora subrayó que detrás de cada ataque no sólo hay policías, militares o instalaciones dañadas. También hay familias que viven con miedo, comunidades que ven alterada su vida cotidiana y ciudadanos que terminan pagando las consecuencias de una violencia que no les pertenece.

“Nuestro estado es tierra de trabajo, dignidad y comunidades que merecen vivir sin miedo”, afirmó.

La propuesta de Geovanna Bañuelos busca que el uso de explosivos deje de ser tratado como una conducta más dentro de otros delitos y tenga una respuesta penal acorde con su capacidad de destrucción y el riesgo que representa para quienes están en la primera línea de seguridad y para la población civil.