Propone controles más estrictos a conductores y vehículos, protocolos obligatorios ante violencia sexual y registros homologados para detectar zonas y modalidades de riesgo

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) pidió a los gobiernos de las 32 entidades federativas fortalecer la supervisión de las empresas de transporte contratadas mediante plataformas digitales y establecer protocolos obligatorios de prevención y atención ante posibles casos de violencia sexual contra mujeres durante los viajes.

La propuesta fue presentada por las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Liz Sánchez, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández, encabezadas por el senador Alberto Anaya Gutiérrez, quienes plantearon una mayor coordinación entre autoridades de movilidad, seguridad pública y las instituciones encargadas de atender a las mujeres.

Las y los legisladores advirtieron que, aunque aplicaciones como Uber, DiDi e InDrive cuentan con herramientas de seguridad como el seguimiento del recorrido, información del conductor y botones de emergencia, estos mecanismos no son suficientes para garantizar traslados seguros, particularmente para las mujeres.

“La seguridad de las mujeres no debe depender únicamente de que ellas permanezcan en alerta durante todo el trayecto”, señalaron.

El GPPT subrayó que la responsabilidad de prevenir, investigar y sancionar posibles conductas violentas no puede recaer exclusivamente en las usuarias. Entre las situaciones de riesgo identificadas se encuentran cambios injustificados de ruta, detenciones no previstas, diferencias entre la identidad registrada y quien conduce, así como vehículos que no corresponden con los datos proporcionados por la aplicación.

Ante este escenario, las y los senadores petistas propusieron que las plataformas realicen verificaciones periódicas de identidad y antecedentes de los conductores, además de comprobar que los vehículos correspondan con los registros de la aplicación.

También plantearon incorporar mecanismos capaces de detectar comportamientos atípicos durante los viajes y establecer protocolos obligatorios para actuar desde el momento en que se reporte una posible agresión sexual.

Estos protocolos, explicaron, deberán contemplar la preservación de la información relacionada con el viaje, el aviso oportuno a las autoridades y el acompañamiento integral a las víctimas.

“Los mecanismos de auxilio inmediato deben ser visibles, accesibles y funcionales”, enfatizaron.

En ese sentido, señalaron que un botón de emergencia pierde utilidad si no existe una respuesta rápida, si no permite compartir la ubicación precisa o si no establece comunicación efectiva con las autoridades competentes.

La propuesta también contempla capacitación con perspectiva de género para conductores y personal encargado de atender reportes, con el propósito de evitar respuestas indiferentes, cuestionamientos que revictimicen a las afectadas o la minimización de las agresiones.

A ello se suma la necesidad de garantizar información clara para las víctimas sobre las opciones disponibles y las instituciones a las que pueden acudir, así como acceso a acompañamiento psicológico, médico y jurídico.

Falta información sobre agresiones cometidas durante viajes por aplicación

El GPPT destacó que la dimensión de la violencia sexual obliga a mejorar también los mecanismos de información y estadística.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y mayo de 2026 se iniciaron 33 mil 993 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y la seguridad sexual en las 32 entidades federativas.

El Estado de México concentró 4 mil 280 casos; Jalisco, 2 mil 492; Nuevo León, mil 923, y Puebla, mil 814.

Sin embargo, el documento advierte que actualmente no existe información suficiente para determinar cuántos de estos delitos están relacionados específicamente con taxis o vehículos contratados mediante aplicaciones digitales.

Por ello, las y los senadores consideraron indispensable establecer registros homologados que permitan identificar la modalidad de transporte, la plataforma involucrada y otras variables que contribuyan a detectar patrones y zonas de riesgo.

La propuesta plantea que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con las fiscalías y procuradurías locales, establezca criterios comunes para identificar, registrar y publicar periódicamente información estadística sobre delitos de acoso, abuso sexual, violación y otras conductas violentas cometidas contra mujeres y niñas durante viajes contratados mediante plataformas digitales, siempre bajo protección de los datos personales de las víctimas.

Buscan impedir que conductores denunciados migren entre plataformas

Otro de los puntos centrales de la propuesta es evitar que un conductor suspendido o denunciado por hechos posiblemente constitutivos de delito pueda trasladarse de una plataforma a otra y continuar prestando el servicio sin que exista una alerta preventiva.

Las y los legisladores señalaron que la falta de comunicación entre empresas puede permitir que personas denunciadas migren entre aplicaciones sin que existan mecanismos suficientes para evaluar el riesgo.

Para el PT, la seguridad de las usuarias requiere una responsabilidad compartida entre autoridades, empresas e instituciones de atención a víctimas, así como mecanismos de prevención que funcionen antes, durante y después de cada viaje.

“No queremos usuarias obligadas a vivir en alerta, sino autoridades coordinadas, plataformas responsables y mecanismos eficaces que prevengan la violencia, atiendan dignamente a las víctimas y garanticen justicia”, enfatizaron las y el senador del PT.

Documento completo: Senado de la República – Gaceta de la Comisión Permanente