El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, volvió a colocar a Morena ante una crisis política y de percepción pública, luego de su intento de reincorporarse al cargo y posterior solicitud de licencia.

Desde el propio oficialismo se reconoció que la situación está generando dificultades para el movimiento, mientras la oposición elevó las críticas y exigió consecuencias institucionales para el estado.

El coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, admitió que el caso Rocha Moya “está generando dificultades en torno a la percepción del movimiento” y advirtió que sus adversarios están utilizando la controversia para intentar posicionar la narrativa de que México es un “narcoestado” o un “narco-gobierno”.

El legislador sostuvo que esta percepción representa un desafío para Morena, al considerar que la oposición reproduce planteamientos de sectores de la derecha estadounidense para cuestionar al movimiento y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde Morena, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara planteó que la controversia debe llevar al movimiento a recuperar el debate sobre la ética en el ejercicio del poder.

Afirmó que la Cuarta Transformación no llegó a los cargos públicos para obtener privilegios, sino para impulsar una transformación profunda de la sociedad, por lo que consideró que la autocrítica debe formar parte de sus decisiones.

En ese sentido, sostuvo que el caso de Rocha Moya puede convertirse también en una oportunidad para colocar nuevamente los principios éticos en el centro de la discusión política.

El senador Gerardo Fernández Noroña fue más contundente al reconocer que el gobernador con licencia enfrenta un severo daño reputacional. Señaló que Rocha Moya ha sido “juzgado y sentenciado” en los medios de comunicación y que revertir esa percepción podría llevarle el resto de su vida.

No obstante, rechazó que Morena se haya deslindado del mandatario y sostuvo que el movimiento mantiene su postura en defensa de la soberanía nacional y de la presunción de inocencia.

Fernández Noroña también cuestionó la decisión de Rocha Moya de intentar regresar a la gubernatura sin consultar previamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que se trató de una acción imprudente.

El senador del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, interpretó la reacción del oficialismo y del gobierno federal como una definición institucional frente a una decisión personal del gobernador.

Consideró que, mientras exista una investigación abierta, lo prudente es que Rocha Moya mantenga la licencia y permita que las autoridades continúen con las indagatorias correspondientes.

Desde la oposición, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, endureció el señalamiento y afirmó que la licencia no resuelve el problema. Acusó a Morena de continuar protegiendo a Rocha Moya y planteó incluso la desaparición de poderes en Sinaloa.

Anaya sostuvo que el debate no debe limitarse al regreso o no del gobernador, sino que debe derivar en consecuencias institucionales y en el esclarecimiento de las acusaciones y procedimientos que involucran al mandatario.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, también ubicó el caso como un problema político de mayores dimensiones para Morena.

Afirmó que Rocha Moya representa la cara del partido en Sinaloa y cuestionó que dirigentes y gobernadores morenistas primero respaldaran al mandatario y posteriormente marcaran distancia tras su intento de reincorporarse al cargo.

Moreira advirtió que la controversia podría complicar la reconstrucción institucional de Sinaloa y planteó que Morena debería incluso abstenerse durante un periodo de participar en los procesos electorales del estado, al considerar que distintos actores políticos locales estuvieron vinculados políticamente con Rocha Moya.

El caso mantiene así abierto un frente político para Morena: mientras desde el oficialismo se insiste en la presunción de inocencia y se pide privilegiar las instituciones, dentro del propio movimiento crecen las voces que llaman a la autocrítica y a medir el costo político de mantener el respaldo a Rocha Moya.