La consulta pública sobre los lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias abrió un nuevo frente de confrontación entre Morena y la oposición. Mientras legisladores del bloque oficialista defendieron que el proyecto busca fortalecer los derechos de los usuarios de los medios de comunicación y destacaron que aún puede enriquecerse durante el proceso de consulta, PRI y PAN advirtieron que contiene disposiciones ambiguas que podrían derivar en mecanismos de censura y afectar la libertad de expresión.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, llamó a no emitir un juicio definitivo sobre el documento, al recordar que se trata de una propuesta sometida a consulta pública durante 20 días, periodo en el que podrán participar concesionarios, especialistas, académicos, medios de comunicación, organizaciones civiles y ciudadanía.

«Precisamente por eso se sometió a consulta pública; no es la Biblia lo que se está consultando. Es una propuesta que todavía puede enriquecerse y debatirse», afirmó.

El legislador reconoció que el proyecto podría requerir ajustes para evitar interpretaciones que limiten la libertad de expresión y sostuvo que el proceso demuestra la disposición para construir un mejor marco regulatorio.

En contraste, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, calificó la consulta como una «farsa» y acusó a Morena de intentar controlar los contenidos de los medios de comunicación.

El legislador sostuvo que la propuesta busca decidir «qué vemos, qué escuchamos y qué leemos», y la comparó con mecanismos de censura utilizados por regímenes autoritarios, al advertir que también podría extenderse a los contenidos difundidos en redes sociales.

En la misma línea, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, consideró que el proyecto contiene disposiciones que deben corregirse para evitar riesgos a la libertad de expresión.

Advirtió que algunos criterios permitirían a la autoridad determinar qué información puede considerarse falsa o descontextualizada, revisar las resoluciones de las defensorías de las audiencias e imponer sanciones que, en su opinión, podrían traducirse en actos de censura.

Desde Morena, el vocero de la bancada en San Lázaro, Arturo Ávila Anaya, rechazó las acusaciones y aseguró que la oposición ha construido un «falso debate».

Explicó que los lineamientos tienen como objetivo garantizar que las audiencias distingan entre información y opinión, identificar con claridad los contenidos publicitarios, fortalecer el derecho de réplica y mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad.

Asimismo, precisó que el modelo propuesto se basa en un esquema de autorregulación, en el que cada medio de comunicación designará a su propio defensor de las audiencias para atender las quejas y emitir recomendaciones antes de cualquier procedimiento administrativo.

«No hay censura; lo que se busca es ampliar los derechos de las audiencias», sostuvo.

Por su parte, el coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, consideró que la reglamentación únicamente desarrolla una legislación previamente aprobada por el Congreso y negó que represente una amenaza para la libertad de expresión.

Afirmó que el principal desafío es combatir la desinformación y fortalecer la responsabilidad de los medios de comunicación sin recurrir a mecanismos de prohibición.

La consulta pública sobre los lineamientos permanecerá abierta durante los próximos 20 días, periodo en el que autoridades, especialistas, concesionarios, organizaciones y ciudadanía podrán presentar observaciones y propuestas antes de que el documento sea analizado en su versión definitiva.