El Estado mexicano reconoció en 2019 a los pueblos y comunidades afromexicanas como
parte de la composición pluricultural del país. La reforma al artículo 2° de la Constitución
marcó un hecho histórico: por primera vez, millones de personas afrodescendientes dejaron
de ser invisibles para la ley.
Sin embargo, siete años después, ese reconocimiento aún no se refleja plenamente en la
vida cotidiana de las mujeres afromexicanas, quienes siguen enfrentando pobreza,
discriminación, rezago educativo y un acceso desigual a servicios básicos.
En el marco del Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes, Afrolatinoamericanas,
Afrocaribeñas y de la Diáspora, que se conmemora cada 25 de julio, especialistas,
legisladoras y organizaciones coinciden en que el desafío ya no es el reconocimiento
jurídico, sino convertir los derechos plasmados en la Constitución en políticas públicas
eficaces y oportunidades reales.
La presencia afrodescendiente en México se remonta a la época virreinal y fue fundamental
para el desarrollo económico de la Nueva España. Pese a ello, durante siglos permaneció
ausente de los registros oficiales, de los libros de historia y de las políticas públicas.
La Doctora en antropología Briceidee Torres Cantú, egresada de El Colegio de Michoacán y de la
Universidad Veracruzana, explica que esa invisibilidad histórica no desapareció con la
reforma constitucional. Muchas mujeres afrodescendientes, afirma, continúan enfrentando
formas cotidianas de racismo y discriminación por el color de su piel, una realidad que
limita el ejercicio pleno de sus derechos.

Ese silencio comenzó a romperse en 2015, cuando el INEGI preguntó por primera vez si las
personas se reconocían como afrodescendientes. Cinco años después, el Censo de
Población y Vivienda confirmó que 2.6 millones de personas, equivalentes al dos por ciento
de la población nacional, se identificaban como afromexicanas o afrodescendientes; más de
la mitad eran mujeres.
Para ellas, la desigualdad tiene múltiples rostros. El racismo y la discriminación de género
se entrelazan y restringen el acceso a la educación, la salud, el empleo formal, la justicia y
los espacios de representación política. A ello se suman estereotipos que durante décadas
han minimizado sus aportaciones a la historia y al desarrollo del país.
Torres Cantú señala que las mujeres afrodescendientes enfrentan una discriminación
interseccional que mantiene abiertas brechas sociales e impide que los avances legales se
traduzcan en igualdad de condiciones.
Las organizaciones civiles advierten que muchas comunidades afromexicanas siguen
registrando mayores niveles de pobreza, rezago educativo y carencias en infraestructura
básica, como agua potable y servicios de salud. Estas condiciones afectan especialmente a
las mujeres, quienes además asumen una parte importante de las labores de cuidado en sus
hogares y comunidades.
Desde el ámbito legislativo, la diputada federal de Morena, Andrea Navarro, considera
que el principal reto es convertir los avances constitucionales en una garantía efectiva de
derechos. Destaca que el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como
sujetos de derecho público representó un cambio de fondo, pero reconoce que aún es
necesario combatir el racismo, la discriminación y los procesos de racialización que
persisten en distintos ámbitos.

La legisladora señala que este proceso deberá fortalecerse con la futura Ley General de
Pueblos Indígenas y Afromexicanos, cuyo propósito será consolidar un marco jurídico que
garantice el ejercicio pleno de sus derechos y reduzca las brechas históricas de desigualdad.
Aunque el reconocimiento constitucional ha permitido generar estadísticas, impulsar
investigaciones e incorporar gradualmente la perspectiva afromexicana en algunas políticas
públicas, especialistas coinciden en que los avances siguen siendo insuficientes. El reto es
que ese reconocimiento deje de existir únicamente en la ley y se refleje en la vida de las
personas.
Para Briceidee Torres Cantú, el verdadero cambio llegará cuando las mujeres
afrodescendientes dejen de enfrentar actos de discriminación por el color de su piel y
puedan ejercer plenamente sus derechos en condiciones de igualdad.
A siete años de la reforma constitucional, la deuda del Estado mexicano ya no es reconocer
a las mujeres afromexicanas en el papel. La verdadera transformación comenzará cuando
una niña afrodescendiente pueda crecer sin que el color de su piel determine las
oportunidades que tendrá para estudiar, recibir atención médica, acceder a un empleo digno
o participar en los espacios donde se toman las decisiones. Solo entonces el reconocimiento
constitucional dejará de ser un logro jurídico para convertirse en una realidad cotidiana.