Legisladores del PT advierten que gran parte de los casos de violencia y abuso contra este sector ocurre dentro del entorno familiar.

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) impulsan acciones para fortalecer la protección de las personas adultas mayores frente al abandono, la violencia y el despojo patrimonial, una problemática que, señalaron, permanece invisibilizada pese a afectar a miles de personas en el país.

Mediante un punto de acuerdo turnado a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, los legisladores exhortaron al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y a los Sistemas DIF de las 32 entidades federativas a reforzar las políticas, programas y mecanismos institucionales dirigidos a prevenir, detectar, atender y erradicar las distintas formas de violencia que enfrentan este sector de la población.

La propuesta fue presentada por el senador Alberto Anaya Gutiérrez y las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Lizeth Sánchez García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves.

Los legisladores advirtieron que numerosos casos documentados muestran cómo personas adultas mayores han sido obligadas a abandonar sus hogares, privadas de recursos económicos o presionadas para ceder propiedades y bienes patrimoniales, en muchos casos por familiares, conocidos o personas cercanas que se aprovechan de su condición de vulnerabilidad.

Asimismo, solicitaron a las fiscalías estatales fortalecer las acciones de prevención, protección, investigación y sanción de los delitos cometidos contra este sector, con el objetivo de garantizar una atención digna, especializada y libre de discriminación.

De acuerdo con datos citados en el documento, el 87 por ciento de los reportes registrados entre 2024 y 2025 relacionados con violencia hacia personas adultas mayores ocurrieron dentro del hogar, siendo las hijas e hijos los principales agresores.

Las y los legisladores señalaron que la violencia contra este grupo de la población no sólo afecta su integridad física y emocional, sino que vulnera su dignidad, sus derechos humanos y su calidad de vida.

“Es inadmisible que existan casos de despojo y aislamiento social de las personas adultas mayores. Su protección no debe entenderse únicamente como una obligación jurídica, sino como un imperativo ético y social”, destacaron.

Finalmente, consideraron necesario fortalecer los mecanismos institucionales que permitan prevenir estas conductas y garantizar a las víctimas acceso efectivo a la justicia y a una atención especializada.